Dentro de la vorágine de acontecimientos que a diario provocan la sorpresa de los guatemaltecos, lo ocurrido ayer resalta, porque por primera vez se ha logrado descubrir y desbaratar una estructura delictiva dedicada a la evasión de impuestos, con el agravante de que los principales acusados son Juan Carlos Monzón, secretario privado de la Vicepresidencia; Álvaro Omar Franco Chacón, actual jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, y Carlos Enrique Muñoz Roldán, exjefe de la misma entidad.

Estas personas y los otro 14 capturados formaban parte de una red que se iniciaba con los “vistas” de Aduanas, ascendía a los mandos medios y llegaba a los más altos. Las investigaciones fueron efectuadas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que no se sale de su campo de acción cuando coadyuva o dirige acciones dedicadas a terminar con la corrupción, una de las más graves fuentes de desprestigio para gobiernos, funcionarios, políticos en general, así como para el mismo sistema democrático entre la población guatemalteca.

La acción de ayer abre una puerta de confianza, a fin de que al sistema jurídico del país se le permita funcionar. Y para ello es indispensable que los más altos funcionarios se abstengan de calificar en un sentido u otro todo lo ocurrido.

Es evidente, además, que provoca nuevos y muy serios problemas al Gobierno, como consecuencia de que los tres personajes que inician la lista de apresados tienen relación cercana con el presidente y la vicepresidenta del país. A todo esto se agrega la crisis interna dentro del Partido Patriota, cuyo aparentemente imparable cisma se encuentra a la vuelta de la esquina.

El suceso viene también en medio de la batalla política y mediática porque el Gobierno autorice la continuación de la Cicig por un período más. Ahora debe cambiar la tajante posición presidencial adversa, para que no pueda interpretarse como forma de evitar otro tipo de investigaciones similares a la que tiene un año de haber empezado, según el comisionado, Iván Velásquez, al informar ayer sobre este suceso sin precedentes en la historia del país.

Es importante indicar que la cercanía de los acusados no necesariamente significa una colusión con los integrantes del Ejecutivo, pero sí va en contra de los intereses del Estado, y para evitar que la ciudadanía llegue o confirme esa conclusión, la única salida es que dicha institución internacional no sea clausurada, porque lo ocurrido ayer abona en favor de que existen causas claras para que el país pueda ser liberado de la impunidad que se deriva de la corrupción en cualquiera de las instituciones del Estado guatemalteco.

El desmantelamiento de esta estructura delictiva tiene el lado lamentable de comprobar que la corrupción se encuentra por doquier, y que ello desalienta a la ciudadanía, pero al mismo tiempo despierta una esperanza de que las instituciones del país, como el Ministerio Público, pueden funcionar cuando se tiene la voluntad política de hacerlo.