En términos de justicia, el año llega a su fin con un balance que puede ser calificado de positivo, por lo menos en términos de esa búsqueda por reducir las históricas estadísticas de impunidad que prevalecen en el país. Así lo demuestran las cifras, que dan cuenta de al menos 602 personas que han sido detenidas porque tanto el Ministerio Público como la Comisión contra la Impunidad en Guatemala los vinculan con actos de corrupción en el ejercicio de sus cargos.

Ese flagelo ha marcado históricamente la vida política en el país, aunque los negocios turbios no es algo que se puedan reducir a quienes ocupan cargos de poder. También es conocido que para que esas oscuras negociaciones prosperen también se ha necesitado siempre de una contraparte que se encuentra en el mundo de los negocios, de empresarios tradicionales y emergentes, y por ello es que en algunos de los casos actuales se habla de más de una línea dedicada a operaciones ilegales.

Pero lo que más destaca del número actual de detenidos es ese número tan elevado de detenciones y dónde se ubican, pues un 43 por ciento de esas personas están vinculadas con los quehaceres del Registro Nacional de las Personas y un 35 por ciento estarán relacionadas con actividades de la Policía Nacional Civil. Una triste memoria que no solo marca que el 78 por ciento de esas detenciones se concentra en dos dependencias del Estado, sino que son además las de mayor relevancia por su estrecha relación con temas de seguridad.

Cuesta creer que un porcentaje tan elevado de privados de libertad por esas causas se ubique en dos dependencias públicas, y esto pasa desapercibido cuando del otro lado se trata de figuras de tanta relevancia, como la detención del expresidente de la República, Otto Pérez Molina, y de su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti.

Esa resonancia es capaz de silenciar muchos otros casos porque son figuras revestidas de mucho poder y cuando se ubican en lo más alto de la escala de Gobierno, resulta comprensible que sean quienes más protagonismo tengan en cualquier esfuerzo que se haga por combatir el crimen de cuello blanco.

Sin embargo, el triste mensaje que se envía desde lo más alto del Estado también explica por qué son tan elevadas las cifras de personas detenidas por incurrir en irregularidades en el servicio público. Solo así se puede explicar que sean tantas las capturas de personas por comerciar identidades, las cuales solo les servirán para continuar un viaje ilegal hacia otras naciones, sin que nadie sepa cuáles son sus objetivos.

Además, también debe llamar a preocupación que la segunda fila de personas detenidas esté integrada por quienes han formado parte de las fuerzas de seguridad interna, porque junto a los anteriores casos se constituyen como una gran enorme amenaza para la seguridad, no solo la de Guatemala.

Por más que la captura de personas vinculadas con casos de corrupción pueda ser muy elevada, vale la pena mantener presentes las palabras del comisionado Iván Velásquez, quien dijo hace poco que en Guatemala la corrupción es mucho más profunda de lo que hasta ahora se ha visto.