Prensa Libre

CAROLINA VáSQUEZ ARAYA

Al asumir un cargo público, una persona se compromete a servir a su país teniendo como objetivo el respeto a las leyes y a la ciudadanía. La vanidad, el ego y esas hierbas deben ser dejados de lado al no tener lugar en las funciones públicas, cuyo fundamento reside en el servicio a la comunidad de manera honesta, transparente y apegada a las normas que dicta la Constitución.

Sin embargo, no todo resulta de ese modo, y de ahí que quienes cada cuatro años se relevan en distintas posiciones del aparato estatal se consideran a sí mismos dueños del puesto y pierden la perspectiva de la realidad. Esto debilita —tanto en apariencia como en aspectos mucho más de fondo— a las instituciones del Estado, debilidad evidenciada no solo en la manipulación anárquica de su imagen, sino también en malas prácticas, como el secretismo en el manejo de los fondos públicos, la falta de control sobre los fideicomisos alimentados con los impuestos de la ciudadanía y las prácticas dictatoriales impuestas por funcionarios popularmente electos.

Los recursos de comunicación de los organismos del Estado nunca deberían manipularse para servir de amplificadores para hacer las relaciones públicas de un funcionario o un partido determinados, sino como medios de información cuyo objetivo sea el correcto: poner en conocimiento del pueblo las decisiones, actividades, avances o retrocesos en la gestión gubernamental.

En esta tónica, es fundamental también instruir a quienes operan los portales de las instituciones presentes en la red, para comprender el concepto de continuidad histórica y evitar que alteren de manera radical la estructura de los sitios, eliminando, como ya se ha observado en muchas ocasiones, la información que ya estaba a disposición del público. En otras palabras, no cometer el error de simular que la administración anterior no existió y tener el cuidado de abstenerse de descalificar de manera indiscriminada todos los actos ejecutados desde los despachos oficiales.

Este tipo de acciones equivale, en papel, a destruir los archivos. Cosa que también sucede y cuyos efectos, ante la ausencia de un servicio civil profesional y estable en las dependencias del Estado, continuarán manifestándose en mayores costos administrativos y una enorme pérdida de oportunidades.

La institucionalidad es una plataforma de estabilidad, una garantía de balance de poderes cuya solidez resulta esencial en un proceso democrático. De esa solidez institucional se desprenden grandes avances, como el respeto a los derechos humanos, el combate de la corrupción y el fin de la impunidad. Sobre esta escala valórica se sostienen, intactos, los símbolos nacionales.