
El gobierno anunció el 14, un poco antes de las 14, que la violencia bajó. La Prensa recoge la noticia y la plasma como producto de una rara política continuada, en donde en los últimos cuatro años se han registrado descensos. En un país en donde la violencia es galopante, debemos estar contentos de que tanto el que escribe como quien lee estemos vivos porque tal vez somos producto de los atinados esfuerzos gubernamentales. El tema coyuntural está echado y los foros ocupan el mismo espacio: la disminución de la violencia.
Como el corazón tiene cayo, la ciudadanía se alegra con estadísticas.
Preocupa ver el árbol y no el bosque, porque acá la forma de solución de conflictos no cambia, sino cada vez es más álgida. El fin de semana, guardias de una empresa privada contratada por una mina autorizada fueron asesinados en una operación a gran escala; existe miedo en inversiones importantes en el área rural (por la conflictividad, lo precario del sistema de propiedad y el narco), una anodina diputada con guardaespaldas y armamento, hasta con una ridícula pistola con inscripción de su nombre en letras de oro, es puesta presa en Honduras, y acá nadie le pide la renuncia. Pronto vendrá a sentarse a su curul como si no hubiera pasado nada.
Nuestro país enfrentará el problema de la violencia si no cambia el esfuerzo ciudadano y por ende su sistema de justicia. El conflicto no puede evitarse, lo que debe cambiarse es la forma en que cada conflicto se enfrenta. Por ejemplo, sin conocer a los hermanos Valdez Paiz, acusados por el asesinato de Rodrigo Rosenberg, es impresentable que por uno de los casos más notorios lleven 26 meses presos y no haya habido ni juicio. Poco importa si la negligencia es de la Cicig, Organismo Judicial, Ministerio Público o Corte de Constitucionalidad. Si esto ocurre en un caso de alto impacto, imaginemos lo que nos puede pasar si caemos en las garras judiciales.
El sistema judicial debe dejar de ser un engranaje burocrático en donde importan más los papeles que el derecho. La justicia civil, familiar y de trabajo es clave si queremos vivir en paz. Hemos puesto los esfuerzos en aquilatar una administración de justicia penal y hemos conseguido que deudas, pensiones e indemnizaciones por despido se litiguen ante jueces penales, lo cual acerba los ánimos violentos.
La justicia de paz, diseñada para resolver los problemas cotidianos, no es más que un montón de oficinas, que en lo penal se dedican a juzgar y no a conciliar, y en lo civil llevan el estandarte de ser los mejores cobradores de los bancos. El ciudadano común debe esperar lustros para encontrar justicia y hay que reprimirse para tragar saliva. Sin mencionar algunos jueces de Paz que hacen de las suyas en poblados remotos sin control.
Pretender que el combate de la violencia es cuestión de la PNC y no de todos es un error. Si queremos paz debemos construir un Estado de Derecho, y a este no se llega por generación espontánea, se arriba a él con esfuerzos ciudadanos claros y certeros. ¿Usted ya empezó?
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