En la historia reciente de Guatemala, muchos sectores de la sociedad civil han jugado un papel crucial en los esfuerzos por recuperar la estabilidad institucional. Su participación en ámbitos tan importantes como el fortalecimiento de la justicia o la apertura de espacios de diálogo con el objetivo de encontrar soluciones a los problemas más críticos del país, ha sido un factor de avance significativo en esos temas y muchos se han jugado la vida en esa misión.

Sin embargo, aún existen obstáculos estructurales que impiden la plena participación de la ciudadanía en la toma de
decisiones, tales como un sistema político diseñado a la medida de un pequeño círculo de influencia, y una concentración patológica de las decisiones más trascendentales en unas cuantas oficinas de Gobierno y del sector privado. Este modo tan particular de garantizarse el control de la cosa pública manteniendo la exclusión de la ciudadanía por medio de instrumentos legales, ha pervertido al sistema democrático dejando fuera del juego a su protagonista más importante: la ciudadanía.

Si se tiene una actitud positiva, se reconocen avances de mucha relevancia en esta carrera por el sueño democrático. Hace apenas una década, pocos sabían sobre la importancia de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte de Constitucionalidad en los asuntos de Estado. Si se le preguntaba a un transeúnte el nombre del o la fiscal general, solían rotar las pupilas con total desconcierto. Hoy existe mayor conciencia del papel de las instituciones, mejor conocimiento de sus funciones específicas y, por ende, mayor preocupación por su estabilidad.

En este aprendizaje en particular han tenido impacto las redes sociales y un trabajo constante de la Prensa en la tarea de investigar e informar. No obstante ese esfuerzo, los avances en la lucha por la transparencia y el fortalecimiento de la justicia serían muy lentos —o, en el peor de los casos, inexistentes— de no haberse contado con el apoyo de la comunidad internacional y no será consistente, de no producirse una participación más activa y real de la sociedad civil organizada y de la ciudadanía en general, para exigir la modificación de aquellas leyes casuísticas y mecanismos maquiavélicos diseñados en función de entorpecer el desarrollo de una auténtica democracia.

En este camino, es indispensable la definición de una visión de Nación capaz de responder a las aspiraciones de una sociedad ávida de educación, salud, seguridad y justicia. Una visión de Nación en donde el respeto a la Constitución y las leyes sea el primer acápite del programa de gobierno. Para hacer posible semejante golpe de timón no bastan los esfuerzos aislados de algunas instituciones o grupos de la sociedad civil, para ello es indispensable una recapitulación colectiva de los modos de pensamiento que han derivado en la resignación, la pasividad y el ostracismo actuales.

La revisión de valores, único modo de restañar las heridas ocasionadas por décadas de aceptación o participación en actos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de poder, debe ser un ejercicio general, honesto y capaz de generar un cambio de actitud real y plenamente efectivo.

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