Los pactos colectivos y la solicitud de lesividad, hecha por la PGN, del suscrito en el Congreso, ha destapado la olla del chantaje y la corrupción más descarados. ¿Qué hacer con todos esos acuerdos? La solución no se vislumbra fácil y anularlos —o declararlos perniciosos— no debería de ser la única medida viable. Es preciso, al menos, diferenciar dos bloques y buscar distintas soluciones.

Uno de ellos, son pactos fuera de lugar con un costo colosal imposible de atender. El del Congreso es el mejor referente, por los desproporcionados salarios y beneficios que asignan a ujieres, secretarias y otros. Tal como ese, seguramente hay más y la única medida posible es la denuncia y su inmediata recisión. No se puede tolerar ese abuso ni hablar de renegociación. Sin embargo, la mayoría de convenios no responden a ese esquema demencial, aunque contengan cláusulas que provocan rechazo.

El otro, es ese conjunto mayoritario de acuerdos que en relación con su contenido podría dividirse en tres partes. La primera incluiría los incrementos salariales bajo diversas denominaciones: bono extra, de feria, escolar, productividad, antiestrés y otros similares. La segunda, aglutinaría los privilegios referidos a días de vacaciones: anuales, por matrimonio, defunción de familiar, asuntos propios, fiestas, etcétera, y las ventajas para heredar plazas o conservar las mismas. Una última abarcaría los privilegios asignados a la dirigencia sindical: vehículos, computadoras, combustible, dinero para actividades, liberación del trabajo, etcétera.

Buscar una necesaria e improrrogable solución, antes de declararlos lesivos, podría pasar por sumar todas las ventajas salariales de los trabajadores y dividirlas entre los 12 meses, incrementando el salario mensual que ahora reciben. Así, por ejemplo, un maestro que perciba Q3,500 mensuales, más todos esos bonos discrecionales, una vez hecho el ajuste propuesto y dividida la cantidad entre los meses del año podría recibir —por ejemplo— Q4,200/mes. Con ello no se afecta a los trabajadores, quienes verían mejorada su paga mensual, tributarían por ella y se descartarían otros beneficios económicos arbitrarios que no fueran las dos pagas anuales extras: junio y diciembre.

Las vacaciones y ventajas en los puestos de trabajo, mientras no representen un abuso manifiesto —que lo hay en algunos casos— sería un tema a negociar. El horario de trabajo abarcaría las ocho horas reglamentarias para todos los puestos de la administración pública y no sería unilateralmente negociado.

Finalmente, las prerrogativas de la dirigencia deberían ser automáticamente rechazadas por razones de justicia al no representar un beneficio general, sino un paquete de privilegios de quienes negocian y/o dirigen, lo que no tiene cabida en una sociedad que promulga “equidad e igualdad”.

Ello terminaría con ese cúmulo de pactos improcedentes que han puesto al país de rodillas por acuerdos entre políticos inescrupulosos y extorsionadores profesionales. A partir de ahí se acabaron las negociaciones, salvo las que sirvan para debatir la subida salarial anual, si procede. No más vehículos, computadoras, casas, oficinas pagadas por tributarios ni cuestiones similares. Seguramente la dirigencia sindical no estaría de acuerdo, pero ha sido ella la que ha llevado al sector a la destrucción, a la miseria y se ha hundido con el escándalo. Quizá sea tiempo de un relevo y de reorientar los principios sindicales.

De momento, la reacción sindical ha sido proponer una desorbitante subida salarial para los diputados, así “mal de muchos, consuelo de tontos”. ¡Divinos ellos!