Economía

País se defiende en panel arbitral

Hoy se desarrollará la primera audiencia pública del panel arbitral por las demandas interpuestas por Estados Unidos contra Guatemala en materia laboral, afirmó ayer Carlos Contreras, ministro de Trabajo.

De encontrarse culpable, el país deberá reforzar sus leyes de protección laboral. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

De encontrarse culpable, el país deberá reforzar sus leyes de protección laboral. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Los demandantes acusan al país de no velar por el cumplimento de las protecciones laborales contempladas en el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre Centroamérica, EE. UU. y República Dominicana, además de violar estándares establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La demanda fue interpuesta por la central sindical estadounidense AFL-CIO.

La AFL-CIO señala a Guatemala de incumplir el plan acordado con EE. UU. en abril del 2013 para asegurar inspecciones adecuadas, hacer que se ejecuten órdenes judiciales y efectuar inspecciones.

El panel tendrá tres etapas presenciales, que preside un juez canadiense, que representa a EE. UU., y otro juez que representa a Guatemala, informó Contreras.

En la primera parte, EE. UU. argumentará sobre la demanda y, después, Guatemala defenderá su postura.

En la segunda etapa se habrá réplicas de ambas partes y, por último, un segmento de preguntas y respuestas dirigidas a los jueces de los paneles a las distintas partes, detalló el ministro.

“Durante junio y julio, el panel tiene la posibilidad de recibir aclaraciones y hacer preguntas. Se tiene previsto que el informe final o laudo arbitral sea presentado en septiembre del presente año”, aseguró Contreras.

“Tenemos la esperanza de que el resultado sea favorable, porque se han desarrollado acciones para evidenciar el cumplimiento de la legalidad”, añadió.

Adolfo Lacs, sindicalista, refirió que esperan que el panel de las sugerencias necesarias para que se cumplan las leyes laborales.

De encontrarse culpable, Guatemala sería sancionada con US$15 millones, los cuales servirían para fortalecer las instituciones del Estado en materia laboral.

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