EDITORIAL
Otra vez, Reyes desprecia la ley

El presidente, Alfonso Portillo, quien en forma pública se ha comprometido a luchar contra las lacras del ejercicio del poder, como la corrupción y el abuso de poder, tiene la tarea de poner en orden a su segundo, Juan Francisco Reyes López, personaje que no pierde oportunidad para demostrar su desprecio por la ley, como lo comprueba nuevamente con una carta enviada al presidente de la comisión pesquisidora del Congreso de la República que investiga la participación del vicepresidente en la impresión ilegal de volantes en la Tipografía Nacional.

La carta en mención tiene una serie de características: primero, lenguaje altanero, poco comedido.

Segundo, constituye una clara intromisión de poderes: él pertenece al Organismo Ejecutivo y se inmiscuye en el Organismo Legislativo: abuso de poder de la peor clase.

Tercero, es paradójica, porque al cuestionar el nombramiento de la persona nombrada por el Congreso para investigar el caso mencionado, de hecho pone en duda el principio democrático del actuar de un Congreso encabezado y a las órdenes del gran jefe del FRG, así como de los parlamentarios de su propio partido.

Pero además de todo ello, la carta demuestra una vez más la actitud arrogante con la cual el eferregismo reacciona ante la ley, de la cual consideran estar ajenos. Ya evidentemente autocrática ha sido la actitud de Efraín Ríos Montt al tratar de descalificar a la comisión, para que ahora venga quien es el objeto de la investigación a exigir que el caso se deje de investigar. Si por cualquier circunstancia esta comisión dejara de cumplir con su trabajo, esto se convertiría en la mejor prueba de un quebranto del sistema democrático en pro de los designios de la parte interesada.

Pero lo peor de la carta es que constituye una torpemente oculta amenaza, cuando le pregunta al diputado presidente de la comisión pesquisidora qué pensaría si alguien de la calle le plantea un antejuicio. Si a ello se le agrega que el licenciado Reyes López afirma hablar como ciudadano, como abogado y como vicepresidente, se puede comprobar que no sólo sus conocimientos de derecho dejan mucho que desear, por lo que le vendría bien que alguien lo auxiliara en ese sentido, sino que comprueba que todo el esquema del gobierno parece estar girando alrededor de la satisfacción de sus caprichos o sus deseos.

Por lo anteriormente descrito, a nadie le debe extrañar que haya consecuencias legales de todo esto, que viene a ocurrir en momentos en que el Presidente Portillo ha declarado “como lo hizo el miércoles en la residencia de la embajada de Estados Unidos y antes en Washington” su disposición de luchar contra la corrupción y, en general, contra el mal uso del ejercicio del poder como una forma de asegurar el combate contra el subdesarrollo.

La comunidad internacional no le dio ningún respaldo total al Gobierno ni a los gobernantes guatemaltecos. Lo hizo con claras condicionantes que fueron presentadas como sugerencias. Pero si los países amigos no toman nota de actitudes como la aquí comentada, allí impensables por absurdas y por sus consecuencias, de hecho se pueden convertir ya no sólo en consentidores sino en cómplices de lo que ocurra en Guatemala. El problema que representan las actitudes del vicepresidente afecta a todos. Por eso, el interés de llamarlo al orden, es general.

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