TIEMPO Y DESTINO
Un crimen cada hora
Los candidatos presidenciales guardan silencio acerca de la delincuencia, porque algunos de ellos no tienen idea de cómo hacer frente a ese gran problema.
Por: Luis Morales Chúa

Llamó mi atención una noticia publicada recientemente, según la cual en Guatemala se produce un crimen cada hora. La consideré desproporcionada y muy por encima de la realidad. Pero, no es así.

Sucede que cuando se divulgan datos como ese, existe la tendencia a pensar que los homicidios son cometidos, todos, en la capital. En cambio, si el dato se refiere al país entero, el reportero podría haberse quedado corto.

El Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional y otras entidades nacionales deberían publicar semanalmente estadísticas sobre hechos criminales. Son datos de interés para nacionales y extranjeros.

La información que reduce a números los fenómenos delictivos, forma parte de una ciencia cada vez más útil en el inventario de la República: la Estadística, la cual reúne, clasifica y cuenta los hechos de un mismo orden, como homicidios, nacimientos, accidentes de tránsito, sentencias judiciales, producción nacional y de los departamentos; población, vivienda, educación, etcétera.

Pero, en tanto esos números no sean proporcionados oficialmente y en forma periódica a los reporteros puede, eventualmente, producirse algún error que, en el caso citado, no lo es o lo es en mínima parte.

El crecimiento de la criminalidad en Guatemala no es novedad, excepto cuando sus expresiones son horripilantes como la decapitación de presos y la incineración de los cadáveres, en el interior de los presidios del Estado. Y, sin embargo, los hechos ocurridos aquí, palidecen frente a la brutalidad del motín carcelario ocurrido recientemente en un penal de La Ceiba, Honduras, donde perdieron la vida cerca de 100 reclusos.

Lo cierto es que nuestra capital y los caminos en el interior de la República son ahora más inseguros que hace quince o veinte años. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo sobre ese tema indica que la América Latina es la zona de mayor criminalidad en el mundo, después del Sahara Africano.

En la encuesta del BID, hecha hace dos años, en 17 países de la región -datos que tomo de un artículo escrito por Bernardo Kliksberg, coordinador general de la Iniciativa Interamericana de Capital Social y Etica y Desarrollo, del citado banco- se expresa que dos de cada cinco personas consultadas admitieron que ellas o un miembro de sus familias había sido objeto de un asalto en los 12 meses anteriores a la encuesta.

El fenómeno de las maras -a las que, antes se asociaba cierto tipo de estudiantes de secundaria y a los vagabundos de esa edad que no concurren a clases- ha dejado de ser un hecho criminal juvenil para convertirse en un ejército de ataque a la sociedad guatemalteca.

Cuando las autoridades no pueden o no quieren explicar las circunstancias de un homicidio, salen del aprieto diciendo que los autores son miembros de una mara y que se trató de un ajuste de cuentas entre ellos.

Brasil -dice Kliksberg- gasta anualmente unos 43,000 millones de dólares, equivalentes al 10 por ciento de su producto interno bruto (PIB), cantidad mayor que la riqueza producida por toda la economía de Chile en un año.

Colombia gasta el 24.7 por ciento del PIB en medidas de seguridad y combate a los infractores.

Considérese la magnitud de este dato en relación a Guatemala que invierte apenas el 2.5 por ciento de su producto interno bruto en la educación nacional y la mayor parte se va en gastos administrativos.

Es aventurado señalar las causas de que la criminalidad aumente en vez de disminuir; pero, el BID, considera como factores principales en la América Latina: el crecimiento de la pobreza; aumento de las tasas de desocupación y degradación de la calidad de los trabajos disponibles; crecimiento del contrabando de drogas, y, en el caso concreto de Guatemala -esto no lo dice el banco-, el llamado crimen organizado que -según el Gobierno de los Estados Unidos- está infiltrado en las esferas oficiales.

La solución a ese tremendo problema debería inquietar a los partidos políticos que aspiran a conquistar el Gobierno en las próximas elecciones.

Ya es tiempo de dejar a un lado esa ligereza de “nosotros resolveremos el problema de la inseguridad” sin decir cómo lo harán. Resolverlo, por cierto, no es eliminarlo.