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Guatemala, 20 de Abril de 2003

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Opinión

A CONTRALUZ
La ruina de Petén

Los ganaderos provocan incendios en las áreas protegidas, sin que las autoridades hagan algo para detenerlos.
Por: Haroldo Shetemul

LOS INCENDIOS forestales este año arrasaron con cerca de 300 mil hectáreas de bosques en Petén. El país perdió buena parte de los parques nacionales Sierra del Lacandón y Laguna del Tigre, donde la flora y fauna se vieron afectadas con este fenómeno que se repite año con año, sin que las autoridades de gobierno impulsen una política de prevención de desastres. Existen serias evidencias de que tras esos hechos hay mano criminal, principalmente de ganaderos que buscan la forma de destruir el entorno de áreas naturales protegidas. Sin embargo, tampoco hay capturas y procesamiento de los responsables.

LA ORGANIZACION Trópico Verde dio a conocer recientemente el “Informe sobre los incendios forestales en la Reserva de la Biosfera Maya”, en el que afirma que éstos pudieron haber sido prevenidos. Sin embargo, apunta, la desidia de las autoridades y la falta de voluntad política provocaron reacciones lentas, débiles e insuficientes para luchar contra un problema que se está volviendo cada vez más común. Los incendios encontraron terreno fértil en la incapacidad del estatal Centro de Operaciones de Emergencia, COE, (integrado, entre otros, por Conred, Inab, Conap y Ejército) y la ausencia de presupuesto. Incluso, la falta de nombramiento del gobernador de Petén provocó que el COE estuviera descabezado cuando sonó la alarma.

SEGÚN TROPICO VERDE, el principal responsable de esta debacle es el presidente Alfonso Portillo. Sólo hasta que el fuego era incontrolable, el 24 de marzo, el mandatario nombró otro gobernador en Petén y autorizó una transferencia de ocho millones de quetzales para el Sistema Nacional de Prevención y Control de Incendios Forestales, Sipecif, que no tenía fondos desde fines del 2002. “A no ser que viva totalmente fuera de la realidad del país, es innegable que Alfonso Portillo debería haber estado al tanto”, señala el informe citado. El estudio subraya que en esta crisis “la ausencia del Instituto Nacional de Bosques, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura fue evidente. Aunque en algunos momentos aparecieron en escena, su papel fue poco menos que decorativo”.

¿QUIÉN ESTA DETRAS de los incendios? Trópico Verde dice: “nadie se beneficia más de los incendios en áreas protegidas que aquellos que desean su desaparición. Los ganaderos, que necesitan enormes extensiones de tierras para su actividad, y los invasores, que en más ocasiones de las que parece se dedican a especular con terrenos de patrimonio de la Nación, son algunos de los principales beneficiados”. Indica que si llegara a fracasar el Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas habría más de dos millones de hectáreas disponibles, entre otras cosas, para cubrir la demanda mexicana de carne. “Sólo entre la Laguna del Tigre y la Sierra del Lacandón se abrirían más de 300 mil hectáreas de terrenos muy cercanos al mercado que se quiere cubrir”, agrega el reporte.

LAS AUTORIDADES se hacen de la vista gorda con el avance de la ganadería en ese sector, que ha crecido en forma desmesurada en el Parque Nacional Laguna del Tigre y que ya fue introducida en el Parque Nacional Sierra del Lacandón, cerca de la comunidad Poza Azul. Por ello, quienes han provocado los incendios apuestan a hacer fracasar las áreas protegidas, porque de lograr su objetivo tendrían extensos terrenos para ganadería, además de campo para explotar madera, minería y petróleo.

LA DESIDIA gubernamental también implica el desinterés por hacer cumplir la ley. Ninguna autoridad se ha preocupado por castigar los delitos de usurpación de áreas protegidas y atentar contra el patrimonio natural, algo que es penado con varios años de cárcel. Tampoco el presidente Portillo ha tomado medidas contra los funcionarios que omitieron denuncias o han impulsado actividades de dudosa legalidad en las áreas protegidas. En una palabra, la “ingobernabilidad” se ha adueñado de las áreas protegidas que están a merced de las mafias, que incluyen a pirómanos, depredadores y narcotraficantes. “La falta de voluntad política para solucionar los problemas en las áreas protegidas es evidente”, afirma Trópico Verde.

 

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