Avanza frontera negra en áreas protegidas
Para los ambientalistas, el petróleo, lejos de ser una ventaja, es una maldición para los recursos naturales
Por: Alberto Ramírez

Gobierno concesionará otras 73 mil hectáreas, no obstante los daños derivados de la explotación de crudo en Laguna del Tigre, Petén.

Bendición para unos, maldición para otros, eso es el petróleo en Guatemala. Ambientalistas y comunitarios consideran que el oro negro sólo ha beneficiado a las empresas petroleras y, tal vez, al gobierno de turno, pero a cambio de severos daños a las reservas naturales del país.

Sin embargo, pese al rechazo de las organizaciones ambientalistas, el Gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas, MEM, busca desarrollar una estrategia de concesiones petroleras.

Para este mismo año, el Gobierno trata de dar en concesión dos regiones que abarcan unas 73 mil hectáreas, ubicadas dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Maya, RBM, en Petén.

Las áreas están definidas como 1-2003 y 2-2003, las cuales salieron a licitación hace pocas semanas, y se amplió el período para recibir ofertas hasta el 27 de junio, según explicó Juan Carlos Ruiz, vocero del MEM.

Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal Ambiental, Calas, subraya que, de acuerdo con los reglamentos establecidos, no debe haber ninguna actividad petrolera en la zona de amortiguamiento de la RBM.

Pide enmendar proceso

Noé Ventura, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Areas Protegidas, Conap, envió una carta al ministro de Energía y Minas en la que le pide “enmendar el proceso”, a efecto de que previamente a la recepción de ofertas se recabe la opinión del Estudio de Impacto Ambiental, tanto de esa entidad como del Ministerio de Ambiente.

Ventura le recuerda al MEM que las actividades petroleras deben efectuarse en consonancia con las leyes del país, para no incurrir en un acto contrario al ordenamiento jurídico, “lo cual daría lugar a que fuese nulo de pleno derecho y que se considere un fraude legal, tal como lo ordena la Ley del Organismo Judicial”.

“Lo que debemos desarrollar son los estudios de impacto ambiental, y que se cumplan las medidas de mitigación que se plantean”, enfatiza el ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Carlos Cáceres Ruiz.

Sin beneficio comunitario

“Históricamente, el petróleo ha servido más a intereses extranjeros que a intereses nacionales”, comenta la diputada Olga Camey de Noack, quien efectuó un análisis sobre las concesiones petroleras y su impacto en las áreas protegidas.

Los impactos empiezan desde la etapa de prospección, en las cuales se usa dinamita para generar sismos artificiales, hasta la instalación de campamentos, caminos de acceso y el uso de las aguas para preparar los fluidos de perforación, dice.

La actividad de extracción, transporte y almacenamiento de crudo también representa riesgos, añade Camey, quien considera irreparable el daño al entorno, especialmente en Petén.

Comunitarios de Santa Amelia, Laguna del Tigre, donde ahora se explota petróleo, señalan que esas comunidades se destacan por su pobreza. “Nuestro nivel de vida no ha mejorado”, dicen.

Mutaciones

Un estudio de International Conservation elaborado por Brandon Bestelmeyer y Leane E. Alonso, efectuado hace tres años, reveló que dos especies de peces han sufrido deformaciones debido a una alteración del ADN, por la presencia de residuos de hidrocarburos.

Las especies de peces son Thorichtys y Cichlosoma Synspilum, que habitan en la laguna Flor de Luna, cerca de los pozos Xan, en el parque Laguna del Tigre.

Futuro negro

Carlos Albacete, director de Trópico Verde, señaló que en 1998 una delegación del Convenio Internacional Ramsar hizo un estudio que concluyó afirmando que la actividad petrolera había causado daños generalizados en Laguna del Tigre, y de continuar así, se extendería a todo el parque del mismo nombre y después a la RBM.

La actividad petrolera ha impactado un 30 por ciento del parque Laguna del Tigre, afirma Albacete. Unas 86 mil hectáreas, de las 289,902 que integran el parque, necesitan ser saneadas para recuperar su estado natural, concluye.

Concesión: Río Sarstún bajo amenaza

La amenaza de una actividad petrolera en el río Sarstún, Izabal, aún está vigente. Por ello, el Centro de Acción Legal Ambiental, Calas, impulsa acciones legales para que el presidente Alfonso Portillo cancele esa concesión.

Debido a protestas de vecinos y alcaldes de Izabal, hace un año, el mandatario se vio obligado a cancelar la concesión de exploración y explotación petrolera 6-98, de 74 mil hectáreas, de las cuales el 60 por ciento abarcaba el lago de Izabal.

Pero quedó vigente el segundo bloque de la concesión, denominado 7-98, la cual comprende unas 58 mil hectáreas. Ambas concesiones fueron otorgadas a la Compañía Petrolera del Atlántico durante el gobierno de Alvaro Arzú.

Yuri Melini, director de Calas, considera que los mismos daños que hubiera ocasionado en el lago de Izabal lo provocará en el Río Sarstún, además de posibles perjuicios a los ecosistemas del bloque 7-98.

Esta concesión está ubicada en Livingston. Desde hace varios años algunos grupos ambientalistas promueven su declaratoria como área protegida, pero el Congreso mantiene engavetado el expediente.

Melini destaca que aunque la compañía petrolera cumplió con todos los requisitos, el Ministerio de Energía y Minas efectuó en forma anómala los procedimientos de concesión.