EDITORIAL
Inicua vorágine de exterminio

Diecinueve hogares de jóvenes en proceso de reinserción lloran en estos días la eliminación física de aquellos, por bandas criminales que les disputan tardíamente -porque las víctimas se esforzaban por cambiar su forma de vida- supuestos controles territoriales para sus fechorías.

Esas acciones salvajes y deshumanizadas, en las que también han resultado lesionados 62 jóvenes residentes en Villa Nueva, Villa Canales, Amatitlán y San Miguel Petapa, ponen en peligro la continuidad de un encomiable programa de regeneración de pandilleros que promueve la Alianza de Prevención del Delito, Aprede.

Hasta ahora, no se conoce que algunos de estos casos haya sido investigados con éxito, de lo que se evidencia que tanto en éste como en infinidad de casos de criminalidad o corrupción, las buenas intenciones repetidas hasta el cansancio ciudadano en la propaganda vacía de los responsables de la persecución del delito, se desnuda como simple demagogia -sin que nadie ajeno a ellos lo provoque- ante la creciente consolidación de la impunidad, que tiene en ascuas a los guatemaltecos.

Esa indiferencia puede tener varias explicaciones, sin descartar que una de ellas podría ser que por tratarse de pandilleros que delinquen, les importa poco sus vidas, lo cual no sería de extrañar en un régimen que respeta poco los derechos humanos.

Estas masacres, ocurridas en sólo tres meses, son parecidas a la represión en contra de jóvenes residentes en sectores conflictivos de la capital, como la zona 18, y que se manifiestan en un exterminio casi cotidiano, que por recurrente y por tratarse por lo general de personas pobres y marginadas no despierta mayor preocupación ni emociones en los actores sociales.

Aunque en algunos de estos casos ha habido resultados investigativos aislados, no deja de gravitar entre los afectados la duda de que se mezclen con los actos delincuenciales de venganza, ejecuciones extrajudiciales provenientes de los órganos de seguridad del Estado, para amedrentar a los delincuentes jóvenes y a la vez enfrentar un problema social asfixiante.

Estos acontecimientos ameritan que las entidades defensoras de los derechos humanos y de la justicia exijan que se investiguen, porque están en juego vidas humanas que, al margen de que se trate de personas con inclinación al delito, merecen ser respetadas y protegidas.

Por su edad, las víctimas atraviesan por procesos de ajuste individual, en una etapa en que es común la personalidad vacilante y sin contorno, y las manifestaciones excéntricas que buscan la originalidad del ser.

En ese proceso intervienen fuerzas internas, pero también externas, de suerte que la sociedad también es responsable por la forma en que aquellos decidan su orientación en el mundo de los valores.

Esa juventud necesita comprensión, tolerancia y orientación, y no represión a sangre y fuego, como la que ahora la acosa.

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