DE MIS NOTAS
Genéricos y votos
Medicinas caras, y ahora también, votos caros.
Por: Alfred Kaltschmitt

El año pasado, los diputados del FRG -el partido que es acusado de convertir a sus miembros pobres en los ricos de la nueva era- se echó una fumada llamada decreto 9-2003.

Con su aplanadora maquiavélica aprobaron el susodicho Decreto que causó que los guatemaltecos no pudiésemos seguir comprando los medicamentos genéricos, es decir, medicamentos que tienen la misma fórmula química que los de marca.

La masacre comercial resultante la pagaron los guatemaltecos más pobres teniendo que adquirir forzosamente por ejemplo, un medicamento de marca, cuya diferencia con un genérico de idéntica fórmula química, es hasta 3 veces más costoso.

El decreto en mención modificó la Ley de Propiedad Intelectual, una ley por cierto, absolutamente necesaria, por cuanto defiende el derecho de las empresas a resarcirse de los cuantiosos gastos de investigación inherentes en el descubrimiento de un medicamento, pero y aquí el problema- ampliando en cinco años el plazo de exclusividad de comercialización.

Esto impidió que se pudiesen seguir adquiriendo los medicamentos genéricos (sin marca) que estaban ya a la disposición de los consumidores guatemaltecos en las farmacias del país, a precios mucho más bajos. A partir de entonces, sólo están los medicamentos de marca. Pero además del nocivo aumento del plazo, el decreto prohíbe la importación de materia prima de los ingredientes activos.

En mi programa ESTEOESTE, entrevisté al ministro de Salud y al diputado Vásquez, presidente de la Comisión de Salud del Congreso, y ambos, me indicaron que en los próximos días se anulará la prohibición, lo cual redundara en beneficio de los guatemaltecos más pobres, especialmente los que padecen enfermedades crónicas tales como el SIDA, cáncer, diabetes y tuberculosis, entro otros. ¿Por qué han esperado hasta ahora? 

Ley Electoral y de Partidos Políticos

Sin que mediase una saludable discusión pública sobre esta ley, que desde su génesis ha sufrido frecuentes cirugías, la ultima intervención reformista con la cual se aprobó contiene errores garrafales que afectan el proceso democrático y de paso, -oh coincidencia- favorecen a los partidos políticos existentes con jugosas prebendas.

Por un lado restringen la participación de los comités ampliando el número de afiliados a 0.30 por ciento del padrón electoral. ¿A quién le gusta tener competencia? Eliminémosla para repartirnos el pastel solitos. Luego se aumentan a dos dólares por cada voto obtenido. Después ponen un límite de un dólar por partido por ciudadano empadronado, pero no dicen ni cómo ni quién fiscalizará, lo cual significa que ni fu ni fa.

En los temas centrales de interés, que fueron en su momento la razón de ser de las reformas de la ley, no tocaron en absoluto lo relativo a la democratización de los partidos políticos. Y por ningún lado se encuentran las reformas que limitan el poder omnipotente de los secretarios generales (por qué será?)

Y por último y más importante: ¿Por qué no explicaron la verdadera razón de aprobar a rajatabla esta ley a pesar de los señalamientos de inconstitucionalidad de personas eminentes en el campo, como la hoy diputada, y otrora, ex magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Conchita Mazariegos? ¿Cuál es la razón  de que se aprobaran estas reformas a pesar de la expresa oposición del Tribunal Supremo Electoral, máximo ente rector responsable del proceso electoral? Y lo peor : Prometer que en 90 días le harían las enmiendas del caso.

¿Gato encerrado a lo grueso? ¿O los diputados andan más perdidos que la hija de la llorona? Me inclino por lo primero.