EDITORIAL
Secreto militar ampara corrupción

Los malos manejos de fondos en el Ejército, que sólo en el ejercicio fiscal 2001-2002 podrían alcanzar los Q400 millones, constituye una de las diversas pruebas de lo inconveniente del manejo discrecional de recursos en esa dependencia, en aras de un mal entendido secreto militar.

A causa de esa interpretación retorcida de los secretos por asuntos de seguridad nacional, lo cual ha sido resguardado en las distintas constituciones, por el chantaje de la amenaza de la bota militar sobre la institucionalidad, el Ejército ha funcionado históricamente como una inagotable mina de oro de cuya explotación se han hecho ricos quienes han usufructuado sus posiciones de poder.

Por esa aberrante dispensa legal, la corrupción ha enriquecido a los mandos del Ejército y a los cuadros bajos relacionados con áreas financieras. Esa danza de dinero sin más control que la conciencia de los propios implicados, responde en parte a la eterna duda pública del porqué muchos oficiales dejan esa institución rodeados de bienes cuantiosos, lujos y comodidades que no tienen relación con el sueldo devengado y los dispendios y privilegios recibidos, que no son pocos.

De esa cuenta, la excepción son los oficiales en retiro que viven con modestia, lo cual se debe a que no ocuparon puestos de relevancia o porque en realidad son probos y honrados.

Aunque la corrupción es un problema viejo, fue en el gobierno de Alfonso Portillo cuando virtualmente se institucionalizó, en especial a través de las transferencias, que sumadas a la coraza impune del secreto militar, permitían perderle la huella hasta desviar el dinero a cuentas personales.

Es traumático, por ejemplo, el caso de los Q400 millones que se supone fueron llevados en efectivo al Crédito Hipotecario Nacional, en donde, tras ser convertidos en dólares, habrían pasado a engrosar las cuentas personales de altos jefes militares y funcionarios de Gobierno, en al menos cuatro casos que investiga el Ministerio Público.

Este ejemplo demuestra la necesidad de reformar la legislación militar, para que el Ejército deje de ser una isla dentro del engranaje del Estado. Además, si más adelante se reforma la Constitución, debe quedar despejada cualquier duda acerca de su sujeción a los procesos de auditoría.

Los artículos 232 y 237 de la Carta Magna no dejan lugar a dudas sobre que la Contraloría de Cuentas debe fiscalizar los ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los organismos del Estado, sin excepción, y que no podrá presupuestarse gasto alguno que no deba ser comprobado o que no esté sujeto a fiscalización.

El país atraviesa por tiempos de paz y el Ejército camina a su reducción, como una exigencia social inaplazable. No hay ninguna razón para los secretos, salvo para los corruptos, que lo usan como escudo para ocultar el saqueo de los fondos públicos.