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Sala anula resolución de juez
Hijo de Ríos Montt deberá acudir de nuevo a declarar
Por:
Conié Reynoso
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| Enríque Ríos Sosa es investigado por la pérdida de Q906 millones en el Ejército. Foto Prensa Libre: Archivo. |
La Sala Tercera de Apelaciones anuló ayer la diligencia judicial efectuada el 29 de noviembre, en donde la juez Silvia de León, luego de escuchar al general retirado Enrique Ríos Sosa, lo dejó libre bajo fianza.
Noé Moya, magistrado presidente de la sala, indicó que la fianza de Q100 mil y el arresto domiciliario que de León ordenó al militar quedan sin efecto.
“Esta sala, después de analizar la impugnación del Ministerio Público, y confrontarla con todas las actuaciones, ha optado, en defensa constitucional del proceso, anular todo lo actuado”, expresó.
Agregó: “Es cierto que el general Ríos Sosa es investigado en un caso, pero todavía no se le adjudican cargos (...). No hay hechos concretos que le impute el Ministerio Público”.
“Mientras eso no suceda, el juez no puede tomarle declaración, e incluso resolver su situación jurídica”, enfatizó.
Ríos Sosa llegó al juzgado el 29 de noviembre recién pasado, y sin la presencia de los fiscales del caso, la juez resolvió ligarlo a proceso por peculado y le fijó fianza y arresto domiciliario.
El militar es investigado por la pérdida de Q906 millones del Ejército durante los años 2001 al 2003.
Solidaria: CSJ se lavó las manos
Tras anunciar que la Supervisión de Tribunales investigaría a la juez Silvia de León por su actuación dudosa en la indagatoria a Ríos Sosa, una semana después, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se lavó las manos en el caso.
Los magistrados de la CSJ, por unanimidad, decidieron no hacer nada en contra de la juez, y argumentaron que, según la investigación, no hubo irregularidades en el proceso.
Además, hicieron énfasis en que los jueces son independientes.
Críticas: Dudas por su actuación
El Ministerio Público basa sus señalamientos en:
La juez negó la presencia de los fiscales del caso a la indagatoria del militar.
Intimó a Enrique Ríos Sosa sobre los hechos que se le imputan, lo cual corresponde al Ministerio Público.
Es esposa de Milton Miranda, defensor de Byron Barrientos, acusado del desvío millonario en Gobernación, durante el gobierno
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