Hermanos Salán Sánchez implicados en saqueo de Q78 millones
Josué Vinicio y Arturo Ignacio Salán Sánchez son viejos conocidos del Ministerio Público (MP)
Por: Claudia Méndez Villaseñor

El 9 de noviembre recién pasado, después de una serie de allanamientos, los hermanos Salán Sánchez fueron capturados. Luego de una diligencia que duró 19 horas, fueron a prisión. Foto Prensa Libre: Archivo.

Los escándalos de corrupción durante el gobierno de Alfonso Portillo tienen un denominador común: la interconexión. Con el avance de las pesquisas, la Fiscalía contra la Corrupción comprobó que en la mayoría de los casos los protagonistas son los mismos.

Celvin Galindo, fiscal contra la Corrupción, señaló que al evaluar cada uno de los casos era notable la relación entre ellos. “Se puede hablar de los mismos actores, pero en escenarios diferentes”, indica.

Ese es el caso de los hermanos Salán Sánchez, capturados el 9 de noviembre recién pasado.

Los investigadores evidenciaron su participación en el saqueo millonario a instituciones del Estado, como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) y la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia.

El primer año de la administración del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) fue clave para los Salán Sánchez. Durante este período obtuvieron contratos por más de Q78 millones.

Primer acto

Uno de los primeros escándalos de corrupción que sacudió al anterior Gobierno fue el programa Caminos de la Oportunidad, creado por Luis Rabbé, entonces ministro de Comunicaciones.

En 2001, la Fiscalía recibió una denuncia en contra de Rabbé por la asignación de más de Q1 mil millones a empresas recién creadas y que no contaban con capacidad instalada para construir obras de infraestructura.

Una de las 43 empresas beneficiadas fue Proyectos de Obra Civil, Sociedad Anónima (Pocsa), avalada por los hermanos Salán Sánchez, que recibió un contrato por Q67 millones 999 mil 181 para la pavimentación del tramo carretero Pajapita-Nuevo Progreso-San Jerónimo, en San Marcos.

Un año más tarde, el Micivi había desembolsado Q43 millones 666 mil por el presunto avance físico de la obra en un 54.04 por ciento.

Prensa Libre realizó una inspección en el lugar y comprobó que la carretera se encontraba destruida en más del 90 por ciento de su trayecto.

Las teorías del MP no descartan la influencia de Jacobo Salán Sánchez, ex jefe de seguridad de Portillo y hermano mayor de los detenidos, en la asignación de la obra.

En el mismo año, pero en un escenario diferente, se concebía una estrategia para saquear al Seguro Social a través de una enmarañada red de empresas y off shores (empresas de papel constituidas en el extranjero y que no son fiscalizadas por nadie).

Una de las firmas, Arrinco, S.A. recibió Q11 millones para elaborar el plan maestro de la finca San Miguel, ubicada en San Juan Sacatepéquez, para su urbanización. Sin embargo, ese trabajo nunca fue hecho.

Según el MP, el hombre fuerte de Arrinco, S.A. era su representante legal, Walter Silvino Herrera Orozco, sobre quien pesa una orden de captura.

Tres años después y en una pesquisa diferente, los investigadores descubrieron que Arturo Ignacio Salán Sánchez era el único firmante de la cuenta número 81-03.096570 del Banco del Café, a nombre de Arrinco, S. A.

Vínculos con Herrera

Las pesquisas de la Fiscalía también revelaron que esa empresa formaba parte de la red que supuestamente entretejió el empresario Gustavo Adolfo Herrera, quien es prófugo de la justicia, para estafar al IGSS por medio de la constitución de un fideicomiso.

El expediente del caso tiene registro de cómo trabajadores de confianza de Herrera laboraban para Arrinco, S.A. Por ejemplo, Sofía Esmeralda Quisquinay, una de las personas con firma registrada en la empresa, trabajaba también para la compañía Colocadora de Servicios Múltiples, relacionada con Herrera.

De igual manera, se presume que la off shore Galante Trading Limited, ligada al empresario, le dio Q4 millones a Arrinco, S.A.

Acto final

El recién pasado 9 de noviembre, los hermanos Salán Sánchez fueron capturados y enviados a prisión por un fraude a la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia por Q24 millones.

El MP los sindicó por lavado de dinero al corroborar su involucramiento en la triangulación de recursos de la entidad, a través de organizaciones no gubernamentales y de empresas.

Esos fondos habrían terminado en cuentas personales de los Salán Sánchez.

El viernes último, la Fiscalía solicitó al Juzgado Séptimo de Primera Instancia fijar la hora y la fecha para escuchar a los hermanos en su primera declaración.

Deuda por US$322 mil: Confía demandó a los Salán Sánchez

El 31 de marzo de 2003, la Corporación Financiera Americana, Sociedad Anónima (Confía, S.A) presentó una demanda en contra de Josué Vinicio y Arturo Ignacio Salán Sánchez.

El 28 de enero de 2001, los hermanos solicitaron a la financiera un préstamo por US$322 mil a nombre de la empresa Proyectos de Obra Civil, Sociedad Anónima (Pocsa), avalada por los hermanos.

Sin embargo, la deuda no fue cancelada en su oportunidad, y por ello Confía los demandó al transcurrir el plazo para cancelar la deuda.

Harry Samayoa, abogado defensor de los Salán Sánchez, asegura que el caso de Confía es normal en el área mercantil.

El abogado defensor afirma que la financiera cobró lo adeudado.

Caso del CHN: Los depósitos nocturnos

A Jacobo Salán Sánchez, hermano mayor de Josué Vinicio y ex jefe de seguridad del ex presidente Alfonso Portillo, se le vincula con el saqueo millonario al Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

Por ahora, la Fiscalía contra la Corrupción cuenta con la declaración de un testigo, como prueba anticipada, de cómo Jacobo Salán, en compañía de Napoleón Rojas, ingresó a las bóvedas del banco con millones de quetzales provenientes de la Presidencia, en horas de la noche.

El testigo declaró que entre el 4 y 6 de marzo de 2001, Salán Sánchez y Rojas, a partir de las 24 horas, entregaron Q37 millones a los guardias del CHN, “por órdenes de Portillo”.

El Ministerio Público presume que el ex presidente del banco, José Armando Llort Quiteño, solicitó el dinero al ex mandatario para pagar sobregiros anómalos por Q42 millones, que detectó la Superintendencia de Bancos. Llort obtuvo el resto del dinero presuntamente del Ejército Nacional.

Triangulación: Del Estado a cuentas personales

Los tribunales de justicia conocen en la actualidad una nueva denuncia en contra de los hermanos Josué Vinicio y Arturo Ignacio Salán Sánchez, por la triangulación de Q24 millones de recursos de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia hacia cuentas personales de uno de ellos.

La Fiscalía contra la Corrupción ha corroborado que luego de que Vinicio Salán Sánchez, en su calidad de subsecretario de la dependencia, benefició a la asociación civil Bienestar Comunitario de Guatemala (Biencogua) para el mantenimiento de las unidades de convoyes.

El 27 de febrero de 2003, Biencogua recibió Q20 millones. Un día después, el representante legal, Alfredo Ezaú Mazariegos García, giró un cheque por Q16 millones 865 mil 519 a favor de la entidad Desarrollo de Proyectos Viales (Deprosa), para comprar los repuestos de los automotores.

Deprosa, a su vez, giró cheques a favor de IGSA, S.A., por Q60 mil, también a Construproyectos de Occidente (CPO) por Q3 millones 940 mil y a nombre de Alfredo Mazariegos otro por Q135 mil.

Arrinco, S.A., en escena

En cuestión de días, Biencogua contrató a la compañía Arriola Ingenieros Contratistas, Sociedad Anónima (Arrinco, S.A.), sin especificar las razones.

Sin embargo, la Fiscalía contra la Corrupción tiene claro que le fueron entregados cheques por Q2 millones 873 mil 454 y que los recursos fueron utilizados por Arturo Ignacio Salán Sánchez, único firmante de la cuenta número 81-03-096570 del Banco del Café a nombre de Arrinco, S.A.

Salán Sánchez continuó con la triangulación y firmó cheques a favor de él mismo por Q1 millón y también a nombre de las empresas Proyectos de Obra Civil, Sociedad Anónima (Pocsa) por Q2 mil 338 y CPO por más de Q649 mil.

También firmó cheques a nombre de su hermano Josué por Q200 mil.

Harry Samayoa, abogado defensor de los hermanos Salán Sánchez, señala que existen documentos que comprueban que se realizó el trabajo para la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia.

“El problema es que con los allanamientos y las detenciones no se presentaron los papeles. Vamos a demostrar que no es cierto que se facturó y no se encontró el equipo”, dice Samayoa, quien negó que sus defendidos tuvieran relación con Arrinco, S.A.