Urgen leyes para frenar corrupción
Organizaciones civiles demandan nueva legislación contra enriquecimiento ilícito y probidad
Por: Pedro Pop, Sonia Pérez, Mynor Pérez

Ramón Fión, Alejandro Urízar, Sergio Quiñónez y Alicia Rodríguez, durante la presentación del informe.

Es necesaria la “inmediata tipificación del delito de enriquecimiento ilícito” y la modificación de la Ley de Probidad para “eliminar la confidencialidad en las declaraciones patrimoniales de los funcionarios”, a fin de accionar con eficiencia contra la corrupción.

Estas son las principales conclusiones del informe consensuado por 16 organizaciones civiles que fue presentado ayer.

El documento señala que los datos cualitativos y cuantitativos proporcionados por la Contraloría General de Cuentas de la Nación reflejan las debilidades institucionales en la aplicación del marco legal y la ineficiencia del sistema de declaraciones juradas patrimoniales, pese a los esfuerzos efectuados por la actual administración.

“El informe independiente de seguimiento a la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción presenta recomendaciones que deben ser atendidas por el Congreso”, dijo Alejandro Urízar, de Acción Ciudadana, y coordinador del documento.

Procesar y encarcelar a funcionarios del último gobierno no ha sido suficiente. “Mientras no haya una reforma integral de las leyes, no se puede hablar de avances significativos”, agregó Urízar.

Mayra Palencia, de la Coalición por la Transparencia, señaló que aprobar las leyes anticorrupción “sería darle armas al Ministerio Público (MP) para que haga investigaciones eficientes”.

“No es posible que la Fiscalía lleve dos años hablando de la Conexión Panamá sin poderla demostrar”, indicó Palencia.

MP pide ley anticorrupción

El fiscal general, Juan Luis Florido, dijo que se debe crear una ley anticorrupción que apoye el trabajo del MP.

“Es necesario que haya una ley contra la corrupción, y no sólo cambios en las ya existentes, pues hay varios hechos que aún no se han tipificado”, declaró Florido.

El fiscal anticorrupción, Celvin Galindo, coincidió en que es necesaria la creación de una ley que ayude a tipificar delitos como el soborno transnacional, el enriquecimiento ilícito y otros que no contempla nuestra legislación.

“Sería bueno que la ley le dé la potestad a la Fiscalía Anticorrupción de inmovilizar cuentas y pedir informes en las instituciones financieras, tal como sucede en los casos por lavado de dinero”, señaló Galindo.

En el Congreso, Roberto Alfaro, presidente de la Comisión de Probidad, expresó que hay optimismo de que el próximo año se presenten varias iniciativas para la tipificación de delitos que ayuden a combatir la corrupción.

“Esperamos consensuar esas iniciativas con todos los sectores, Ejecutivo, sociedad civil y empresarios, entre otros”, aseveró.

Hugo Maul, comisionado presidencial para la Transparencia, afirmó que el Ejecutivo analiza varias modificaciones a la legislación para fortalecer el combate a la corrupción, que serán propuestas al Congreso el próximo año.

“La propuesta es aumentar las penas para delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio del cargo”, resumió Maul.

El funcionario descartó la creación de la ley anticorrupción, “porque las áreas son muy variadas, por lo que sería mejor hacer ajustes en la tipificación de delitos”.

Entre los más corruptos

El informe de Percepción de Corrupción (PC) presentado el mes recién pasado por Transparencia Internacional (TI) colocó a Guatemala en el puesto 123 (de 146), el lugar más bajo ocupado en los últimos cuatro años, y que la ubica como el país más corrupto de Centroamérica.

El informe será evaluado el próximo año por dos expertos de la Organización de los Estados Americanos, que luego emitirán sus recomendaciones.

El documento presentado ayer fue redactado por 16 organizaciones, entre ellas, la Asociación de Investigadores del Presupuesto, la Coordinadora ¡Sí Vamos por la Paz!, el Sistema de Monitoreo a la Obra Pública de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, y el Observatorio Ciudadano para el Libre Acceso a la Información.

Delitos: Propuesta del MP

A raíz de la consulta que la Secretaría Privada de la Presidencia de la República hizo al Ministerio Público (MP) sobre reformar a la legislación penal, éste sugirió que lo que debería crearse es una ley anticorrupción.

El proyecto de reformas presentado al MP contenía sanciones más drásticas contra funcionarios y particulares implicados en hechos de corrupción.

El ente de la persecución penal opina que en lugar de efectuar enmiendas al Código Penal, se debe pensar en una ley anticorrupción que incluya la tipificación del enriquecimiento ilícito y el soborno internacional.

La Fiscalía contra la Corrupción señala que realiza una titánica labor en busca de evidencias para llevar a juicio y condenar a varios ex funcionarios que, aprovechándose de su puesto, malversaron fondos del Estado.

El paradero de al menos Q2 mil millones, en aproximadamente mil 500 casos, es lo que está bajo investigación desde hace dos años, indicó una fuente del Ministerio Público (MP).

De alto nivel

La lista de sindicados de hechos corruptos la encabeza el ex presidente Alfonso Portillo, quien llegó al poder apoyado por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Actualmente reside en México; sin embargo, es investigado en ese país, Panamá y Estados Unidos.

A la lista de ex funcionarios se suma el ex vicepresidente Juan Francisco Reyes López, a quien el MP acusa de haber intentado apropiarse de un terreno del Patronato Antialcohólico, valorado en Q26 millones, a través de un préstamo de Q300 mil. Por este caso está en prisión.

La Fiscalía también lo acusa de haber desviado Q3 millones de la Vicepresidencia, al rentar autos que nunca prestaron el servicio en esa institución.

Otros bajo la lupa

También se investiga a otros altos ex funcionarios, como el ex ministro de Finanzas Eduardo Weymann y el de Gobernación, Byron Barrientos.

Weymann es señalado de haber firmado un acta de la Junta Directiva de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que permitió el uso de unos Q38 millones que fueron malversados por el entonces jefe de la Superintendencia Marco Tulio Abadío. Ambos están en la cárcel a la espera de ser llevados a juicio.

Barrientos es acusado de haber desviado Q90 millones de la cartera del Interior.

El dinero, según el MP, fue a parar a manos de varios ex empleados de la institución, así como a cuentas personales y de empresas vinculadas al ex ministro.

Más señalados

La Fiscalía también efectúa pesquisas contra otros ex funcionarios, entre ellos varios ex alcaldes y corporaciones municipales que habrían malversado al menos Q98 millones.

La galería de sindicados de hechos de corrupción no termina, pues también están bajo investigación los ex directivos de la empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (Guatel), por haber malversado más de Q120 millones.

Otros ex funcionarios vinculados a hechos ilícitos se encuentran prófugos, como Mario Nufio, asesor del FRG.