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EDITORIAL
¿Secreto militar en la era de paz?
El anacronismo del secreto militar ha convertido en un tabú todo cuanto se relaciona con el Ejército, pero principalmente en el manejo, hoy muy cuestionado, de las finanzas del Ministerio de la Defensa, la dependencia del Estado que primero recibe sus fondos y la que los gasta más rápidamente.
Gracias a ese privilegio, referido de manera muy vaga en el artículo 30 de la Constitución de la República, los negocios y los gastos castrenses han permanecido ocultos de cualquier tipo de control y auditoría y eso ha permitido el florecimiento de la corrupción y de la excesiva discrecionalidad de los mandos en la asignación del presupuesto.
En este momento, el Ministerio Público investiga irregularidades en el manejo del presupuesto militar por casi Q1 mil millones, al mismo tiempo que ha trascendido la forma en que miles de millones se utilizaban en efectivo para el supuesto pago de la tropa, un sistema que abre totalmente las puertas para la corrupción y el saqueo.
A eso hay que sumarle el abultado rubro para salarios, bonos, primas y otras canongías destinadas a la oficialidad, el que en este año ascenderá a Q481 millones y representará el 55 por ciento del presupuesto, con tendencia a subir el próximo año.
Si bien es cierto que hubo una reducción del Ejército decretada por el presidente Óscar Berger, también es cierto que el proyecto de presupuesto para el 2005 es similar al que se aprobó para el año 2003, lo que significa que, en la práctica, el ahorro real es muy poco, mientras que a Educación y Salud siempre se les limitan los fondos.
Y si hay menos personal y más gastos, lo lógico es suponer que, en medio de la crisis financiera del Estado, se están aplicando mejoras sustantivas en sueldos, salud, vivienda, recreación, pensiones, etc., dentro de las exigencias de seguridad socioeconómica del sector militar que siempre han sido atendidas por el poder civil, a causa de su tolerancia de la tutoría política de los uniformados.
Todo ello nos lleva a pensar si es justificable mantener el concepto de “secreto militar” para casi todos los reglones financieros castrenses, o se debiera crear una nueva doctrina militar abierta y auditada como todas las dependencias del Estado.
En principio, la Comisión de Defensa del Congreso debería participar activamente en esta tarea, como condición para aprobar los requerimientos del Ejército. Pero, además, se hacen imprescindibles reformas legales, como las proyectadas por la diputada Nineth Montenegro a las leyes Constitutiva del Ejército y del Banco de Guatemala, para poner candados a la amplia libertad de acción en las finanzas y a la discrecionalidad en la adquisición de bienes y servicios bajo el pretexto del secreto militar.
La esperanza, además de los cambios propuestos a la legislación, es que se continúe la investigación sobre los malos manejos, para demostrar que ya no hay ninguna institución del Estado amparada por la impunidad.
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Q 7.62134