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EDITORIAL
Giro de riesgo en tema agrario
La condena emitida ayer por la Procuraduría de los Derechos Humanos en contra de la actuación de la Policía Nacional Civil en el desalojo de la finca Nueva Linda, de Champerico, Retalhuleu, el 31 de agosto recién pasado, debe convertirse en materia de profundo interés para el Ministerio Público, por cuanto los señalamientos ameritan medidas sancionadoras.
Los 15 delitos atribuidos en el informe a la Policía -entre los cuales destacan ejecución extrajudicial, abuso de autoridad, torturas, allanamiento ilegal, destrucción de la propiedad, restricción de la libertad de Prensa, agresiones, amenazas y robo-, deben ser investigados y llevados hasta sus últimas consecuencias, porque dejarlos impunes sentarían un funesto precedente que avalaría conductas similares en hechos futuros.
El documentado informe también desnuda la negligencia del Ministerio de Gobernación y de los altos mandos policiales en el manejo de la crisis, porque disponiendo de información copiosa respecto del ánimo y la organización campesina, se presentaron a practicar el desalojo sin la cautela necesaria.
Sin embargo, no hay que perder de vista que, aunque el abuso y la arbitrariedad policial son condenables, también los ocupantes de la finca tienen una alta cuota de responsabilidad en la cauda y eso lo recoge el informe cuando los señala como un grupo armado ilegal que enfrentó a la fuerza pública.
Precisamente, esto último marca un giro preocupante en la problemática agraria, porque en lo sucesivo puede adicionarse a las ya tradicionales demandas de tierras o invasiones de la propiedad privada, la dificultad de dialogar con grupos armados con organización y tácticas propias de insurrectos.
En este sentido, Nueva Linda adquiere un significado sociológico especial, porque a causa de la falta de atención a las demandas agrarias, podría estarse incubando en el empleo de armas y estrategias de guerra una actitud riesgosa para la propiedad privada, que dificultaría la acción pública para hacer prevalecer el estado de Derecho.
Este antecedente debería constituir una campanada de alerta en dos vertientes para el Gobierno.
Por un lado, para manejar las demandas agrarias por la vía del diálogo y de forma seria, para que los ofrecimientos no se queden en meros actos demagógicos, por su conflictividad. Y por el otro, la acción sancionadora del Estado sobre todos los delitos implícitos en las ocupaciones, a efecto de defender la propiedad privada y evitar que otros grupos de invasores se armen y desafíen a la autoridad.
Sin embargo, debe ser política de Estado en cualquier demanda social no negociar sobre medidas de hecho, presiones, amenazas y chantaje.
La tragedia de Nueva Linda pudo evitarse si los campesinos no hubieran invadido esa finca y si la Policía hubiese tenido respeto por los derechos humanos y previsión ante una respuesta hostil. Al final, todo se contrae a la violación de la ley por ambas partes.
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Q 7.62134