EL QUINTO PATIO
Derecho constitucional
El ministro de Gobernación mencionó el derecho constitucional de los ciudadanos para portar armas. Olvidó otros detalles.
Por: Carolina Vásquez Araya

Después de un incidente confuso durante el cual un policía municipal de tránsito disparó en el rostro a un taxista, las declaraciones del ministro de Gobernación se limitaron a hacer énfasis en el hecho de que todo ciudadano tiene derecho constitucional para portar armas.

Es evidente que el funcionario no había investigado el hecho ni midió el alcance de su afirmación. Simplemente, su primera reacción fue -como siempre sucede cuando están involucradas las fuerzas de seguridad- defender al policía.

Poco después, se supo que ese policía portaba un arma no registrada y obviamente no poseía permiso para hacerlo. Pero ya las autoridades hablaban de destitución y sanciones administrativas, como si un intento de homicidio -encajar un par de tiros a un ciudadano en pleno rostro- no fuera más que una falta leve que requiere una medida disciplinaria leve.

Lo que no se han puesto a pensar las flamantes autoridades es que su primer deber es proteger a la población, la cual tiene absoluta prioridad en cuanto a derechos constitucionales se refiere. Para ello fueron creadas las fuerzas de seguridad y las entidades encargadas de administrar este recurso.

Los agentes de las distintas dependencias policiales y de las fuerzas armadas detentan un peligroso poder por encima del ciudadano común y corriente. Este poder -de sobra conocido- les da carta blanca para abusar, violar derechos, extorsionar e incluso asesinar con total impunidad, porque pueden distorsionar y cubrir las huellas de sus actos sin otra autoridad superior que se los impida.

Por esta razón, la selección y entrenamiento del personal de estas instituciones debe ser cuidadosa en extremo. Para la ciudadanía, el hecho de que el Estado integre los cuerpos policiales con elementos medio analfabetas, torpes, violentos, alcohólicos, amorales y encima mal pagados, constituye un abuso en sí mismo.

Luego, cuando estos malos elementos cometen crímenes -y no faltas administrativas, como se les suele presentar ante la opinión pública- pasan la prueba incólumes y con la oportunidad de continuar su carrera desde las filas de las agencias privadas de seguridad, como si nada hubiera pasado.

Mientras tanto, muchos ciudadanos inocentes se pudren en cárceles inmundas por fallas en el sistema de justicia, por carencia de recursos para proporcionarles un juicio justo y porque, en definitiva, no gozan de derecho constitucional ni privilegio alguno.

Quizá sería el momento de invertir la polaridad y enderezar las torcidas filas de los cuerpos de seguridad para obligarlos a brindar aquello que les corresponde: seguridad.