EDITORIAL
Jueces alejados del diálogo social

Desde el surgimiento de los Consejos de Desarrollo ha preocupado la autoexclusión del Poder Judicial de las deliberaciones en las cuales se pasa revista a las necesidades y expectativas comunitarias.

Esa negativa ha cobrado mayor trascendencia en el último lustro, en especial frente a los esfuerzos gubernamentales y privados representados en aquella instancia, para contrarrestar la inseguridad y la delincuencia.

Ante ese cometido, resulta inconcebible la resistencia de los jueces a participar, en defensa de una mal entendida independencia, porque en el razonamiento ciudadano los operadores de justicia tienen alta cuota de responsabilidad en la impunidad y la tolerancia del crimen persistentes en Guatemala.

En realidad, más que una defensa a ultranza de su autonomía, la negativa de los jueces a respaldar con su presencia ese afán para enfrentar las prioridades nacionales más parece un recurso penoso -pero comprensible, ante la ineficiencia- para evitar dar la cara a la sociedad por sus desaciertos, porque abundan las recriminaciones en su contra, por la falta de sanción del delito.

La visión del buen juez no se debe contraer a los formalismos de la legalidad para determinar lo justo o injusto. Su razonamiento debe estar vinculado a la realidad social del ser humano, porque si se aferra a la norma y a la teoría, despoja a su trabajo de la vida humana, considerada esencia del Derecho.

En el entendimiento de la vida y en esas importantes tribunas del diálogo comunitario constituidas por los Consejos de Desarrollo o de Seguridad Comunitaria, el juez puede percibir la riqueza vital para fallar con mejor juicio.

El antiguo tratado de Leyes de Manu considera la importancia de esa posibilidad de enriquecer el derecho positivo para aplicarlo a casos concretos, cuando ve a la justicia como el único amigo que acompaña a los seres humanos después de la muerte.

El juez que se precie de justo debe procurar trascender del aislamiento de su despacho para convertirse en una pieza esencial de la organización social, pues como ser solitario no le hace ningún favor a la necesidad de la justicia de ganar la confianza de los guatemaltecos.

La pretendida independencia es defendible únicamente para evitar la intromisión de terceros en los fallos, no para ocultarse de la gente, salvo que en el fondo subsista una crisis de autoestima, al suponerse excluidos de la confianza y el respaldo públicos.

El juez guatemalteco tiene una responsabilidad elevada en el funcionamiento general del país, y por eso sus decisiones deben propiciar, además de justicia, bienestar social.

Hasta para el empleo de la sana crítica el juez debe enriquecer las reglas de lógica y experiencia con la realidad social, lo cual equivale al conocimiento de las cosas divinas y humanas recomendado por el jurisconsulto romano Ulpiano.