Banco Mundial: Seguridad de tenencia de la tierra

Opinión: Jorge A. Muñoz y Maria A. Bouquet*

Uno de los grandes desafíos de política pública que enfrentan la mayoría de los países de América Latina, incluyendo Guatemala, es incrementar la seguridad de tenencia sobre la tierra.

¿Por qué es esto importante para el desarrollo rural sostenible de un país? La seguridad de derechos de propiedad sobre la tierra -sean éstos individuales, colectivos o corporativos- es importante por cuatro razones.

Primero, la tierra es la principal fuente de trabajo, activo familiar y mecanismo de cohesión comunitaria para las poblaciones rurales, en su mayoría pobres. Si la tenencia es insegura, el principal patrimonio familiar queda subvalorizado.

Segundo, la seguridad de tenencia es fundamental como incentivo a la inversión productiva y ambiental, lo cual conduce a un mayor crecimiento económico.

Tercero, los derechos de propiedad bien definidos y fiscalizados permiten una mejor transferencia de éstos -ya sea a los hijos vía herencia o a terceros a través de transacciones comerciales, incluyendo hipotecas.

Cuarto, saber con certeza quién es dueño de qué parcela y con qué características geográficas es fundamental para la planificación local, la gobernabilidad y la implementación de una política impositiva efectiva y transparente.

Responsabilidad del Estado

La definición de derechos de propiedad de la tierra, tanto urbana como rural y su fiscalización, es responsabilidad ineludible del Estado-nacional y local.

Hay cinco roles fundamentales para el sector público: 1) formalización de derechos de propiedad y titulación (es decir, la transferencia de derechos del domino público al privado), 2) catastro -definir geográficamente con precisión el objeto de los derechos-, 3) registro -reconocer legalmente el sujeto de los derechos-, 4) normatividad sobre uso y planificación territorial, y 5) resolución de conflictos y fiscalización -incluyendo política impositiva-.

En Guatemala, como parte de los acuerdos de paz, se están dando avances importantes en estas áreas, en particular con relación al catastro y registro.

Por ejemplo, la propuesta de Ley de Registro de Información Catastral (RIC) actualmente en el Congreso es un paso significativo, ya que éste institucionalizará el trabajo de levantamiento catastral que viene realizando en los últimos años la Unidad Técnico Jurídica (UTJ).

Es esencial que la sociedad civil se familiarice con los alcances de la propuesta de ley y que una vez aprobada, ésta reciba el apoyo popular y de la comunidad internacional. Asimismo, se están gestando reformas considerables en la administración del Registro General de la Propiedad (RGP), tales como su incorporación al Sistema de Información Administrativo Financiera del Estado, lo cual le da mayor transparencia a sus operaciones.

Guatemala también ya está dando pasos importantes en la integración de los sistemas de catastro (base geográfica) y registro (base legal), bajo la técnica de folio real, en base a experiencias exitosas en otros países de la región como El Salvador y Honduras.

El sistema integrado sustituye la arcaica inscripción de propiedades en libros por modernos registros electrónicos que además de la información sobre derechos brinda la información geográfica actualizada de los predios.

Una plataforma integrada permite la amplia utilización de diversos usuarios como municipios, notarios, abogados y público en general.

Esta eventual integración tiene el potencial de reducir los costos de transacciones, incrementar la transparencia de éstas, reducir los conflictos legales y sobre linderos, y proporcionar al Estado nacional y municipalidades de una mejor base de información territorial.

Estas reformas pueden rendir más frutos aún si se complementan con políticas adicionales que reduzcan la desigualdad en el acceso a la tierra rural, establezcan un régimen impositivo progresivo y transparente, y descentralicen al nivel municipal gran parte de la administración y toma de decisiones sobre la tierra.

Esto requerirá el fortalecimiento de las capacidades y gestión municipal, que también debiera recibir el apoyo de la comunidad internacional.

*Especialistas en el tema: Tierras para América Latina del Banco Mundial.