Trámite contra Portillo por decidirse en la CC
Uso de archivos militares como evidencia, clave en el fallo
Por: Sonia Pérez

Archivos secretos del Ministerio de la Defensa fueron trasladados, en octubre de 2004, a la torre de tribunales para ser analizados e investigar el destino de Q906 millones. Foto Prensa Libre: Archivo.

La Corte de Constitucionalidad (CC) deberá decidir hoy si es inconstitucional o no incorporar documentos financieros del Ejército como evidencias dentro del caso del desfalco de Q906 millones del Ministerio de la Defensa Nacional.

Con la decisión de la Corte podría entramparse aún más el proceso o dar vía libre al juez que conoce del caso para autorizar la solicitud de extradición del ex presidente Alfonso Portillo, acusado de haber aprobado transferencias del dinero que fue desfalcado.

Hoy también se definirá quiénes serán los siete magistrados que conocerán de la inconstitucionalidad, luego de que los primeros designados se excusaron por diversos motivos.

Los diez magistrados, cinco titulares y cinco suplentes, entrarán al sorteo para ver quiénes participarán en la discusión de las propuestas.

Dos iniciativas

Dos son las posturas que existen en el pleno constitucional, según informaron fuentes de ese tribunal que pidieron el anonimato.

La primera es promovida por un grupo de magistrados que creen que existe inconstitucionalidad y que el proceso debe enmendarse. Por consiguiente, buscarán frenar su trámite, aseguró la fuente.

La segunda postura, de otro grupo de magistrados, es que no existe inconstitucionalidad en la incorporación de documentos financieros, pues los mismos constituyen la evidencia del caso.

Este sector basa su decisión en una opinión consultiva entregada al Organismo Legislativo en marzo de este año, en la que determinan que las finanzas del Ejército no son un “secreto militar”, por lo que no hay inconveniente en conocer los documentos militares.

Nueva inconstitucionalidad

Los magistrados tendrán que resolver una nueva inconstitucionalidad presentada por Moisés Galindo Ruiz, ex jefe de la División Presupuestaria del Ejército.

Galindo Ruiz considera que a él no se le debe aplicar la Ley de la Contraloría General de Cuentas, promulgada un año después de que fuese jefe de la División Presupuestaria, en 2001.

El juez quinto le negó la acción, pero Galindo apeló ante la CC, que deberá conocer el recurso en caso haya llegado en tiempo.

Lo que pasó

Según una denuncia presentada luego de una auditoría en el Ministerio de la Defensa, en los años 2001, 2002 y 2003 habrían sido sustraídos Q906 millones por personal militar.

El MP acusa a los militares Enrique Ríos Sosa, Eduardo Arévalo Lacs y Álvaro Lionel Méndez Estrada de haber participado en ese hecho ilícito.

También señala a Sergio Hugo Cárdenas Sagastume, Luis Alberto Gómez Guillermo, Randolfo Leonel Chacón Álvarez, Sergio Alejandro Porres Armas, Moisés Galindo Ruiz, Saúl Méndez Monzón y Henry Leonel Galindo Mejía.

Escenarios

No

La CC podría decir que no es inconstitucional abrir los archivos financieros de la institución armada, tal como resolvió en la opinión consultiva entregada al Organismo Legislativo. Con esto daría vía libre a realizar la investigación por actos de corrupción en la que hay varios militares señalados.

Sí

Si la CC resuelve que sí es inconstitucional conocer la interioridad de las finanzas del Ejército, el proceso penal podría terminar, porque los documentos son la evidencia de los actos de corrupción.

Investigación: Lo que vendría en el trámite

Con una resolución que negara la inconstitucionalidad, el juez Víctor Hugo Herrera, del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, podría resolver varias diligencias pendientes en el proceso.

La primera petición sería la extradición del ex presidente Alfonso Portillo, quien actualmente vive en México y es acusado en el caso. Esa solicitud fue presentada el 23 de julio de 2005.

Otra extradición que tendría que ejecutarse es la de Armando Llort Quiteño, ex presidente del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), también vinculado al caso, autorizada por el juez en febrero de 2005.

Herrera también tendría que resolver que los nueve militares vinculados al caso acudan al juzgado a declarar sobre el dinero faltante, lo cual fue solicitado el 23 de diciembre del año pasado por el Ministerio Público (MP).

Con lo anterior, según el MP, se lograrían avances importantes en el trámite del expediente, que está detenido desde hace aproximadamente nueve meses.

Síntesis: Portillo, sin visa de trabajo

El ex presidente Alfonso Portillo Cabrera se encuentra en México desde hace 19 meses.

El Gobierno de ese país le otorgó visa de trabajo, la cual se le venció el 18 de agosto.

Autoridades mexicanas informaron a AP que el ex mandatario aún no ha solicitado la renovación y que, aunque ya terminó la vigencia de su documento migratorio, tiene 15 días para presentar una solicitud, pero deberá pagar multa.

De no hacerlo, su situación migratoria será considerada irregular y podría ser detenido y expulsado del país.

La fiscalía de Guatemala pidió a finales de julio a un juez que ordenara la extradición de Portillo desde México por el delito de peculado. La solicitud, sin embargo, aún es analizada por un tribunal.

Portillo es investigado por el desfalco de Q906 millones en el Ministerio de la Defensa, entre otros hechos ilícitos.

El Ministerio Público (MP) lo acusa de haber abierto cuentas en Panamá, supuestamente con fondos del erario.

También se le vincula con una estafa millonaria en el Estado Mayor Presidencial (EMP) y por el desfalco de por los menos Q35 millones que fueron a parar a las cuentas del ex presidente del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), Armando Llort Quiteño, cuando estaba al mando de esa institución financiera del Estado.

Otro caso que también tiene bajo investigación al ex mandatario es que el Gobierno de Taiwán le entregó US$1.5 millones para el proyecto Bibliotecas Presidenciales para la Paz, pero no se invirtieron en ese plan.