Electrificación paralizada
Energía: A partir de marzo la electrificación rural estará en manos del Congreso
Por: Mariana Maza

La ampliación de redes de distribución, la sustitución y levantado de líneas de transmisión, además de la construcción de subestaciones contempladas dentro del PER, quedaron paralizadas desde hace dos años, por la falta de fondos para su desarrollo.

El acceso a energía eléctrica para unas 900 comunidades en todo el país es incierto debido a la falta de recursos necesarios para continuar con el Plan de Electrificación Rural (PER).

La ampliación de redes de distribución, la sustitución y levantado de líneas de transmisión, además de la construcción de subestaciones contempladas dentro del PER, quedaron paralizadas desde hace dos años, por la falta de fondos para su desarrollo.

Ahora, todo depende del endeudamiento que pueda lograr el Instituto Nacional de electrificación (INDE) y la celeridad con la que se aprueben los préstamos.

Las 900 comunidades afectadas están ubicadas principalmente en comunidades de Petén, Quiché, Sololá, Izabal, Jutiapa, El Progreso y Alta Verapaz, entre otros. Éstas representan la tercera parte de los beneficiarios incluidos en el PER.

Cae inversión

El PER fue creado con el objetivo de corregir el deterioro de la red de transmisión y distribución existente, en el interior del país.

Buscaba ampliar el servicio eléctrico y dotar a las distribuidoras rurales de los medios necesarios para mejorar la calidad de servicio y la gestión comercial.

El plan de electrificación avanzó sustancialmente entre los años 2000 y 2003.

Desde esa fecha, el desarrollo del mismo fue mínimo, dado que la inversión cayó de US$27.89 millones en 2002, a US$1.77 millones y US$2.32 millones en los últimos dos años, respectivamente.

Para esa fecha la cantidad de comunidades conectadas sumaba 1 mil 800, que equivalen a 184 mil 200 usuarios nuevos.

A 2004, el avance de las obras del PER alcanzaron 57.53 por ciento del plan inicial, para una inversión de US$178.33 millones.

Esta inversión elevó el índice de electrificación a 88 por ciento, según datos del INDE.

Recursos son clave

El reinicio del plan estará desde marzo próximo en manos del Congreso de la República, pues los parlamentarios deberán aprobar los préstamos por US$90 millones y US$40 millones con los Bancos Interamericano de Desarrollo (BID) y de Integración Centroamericana, respectivamente.

Esos recursos completarían el fideicomiso programado inicialmente por US$333 millones.

Además de iniciar nuevos proyectos, la aprobación de los préstamos permitiría la conclusión de los ya iniciados, que en su mayoría se encuentran con una ejecución de entre 97 y 100 por ciento, de acuerdo con estadísticas del INDE.

Pasará al Congreso

Luis Ortiz, ministro de Energía y Minas, aclaró que en marzo próximo el Congreso conocería los préstamos, confía en que el Legislativo los apruebe a la brevedad posibles.

“Las obras de transmisión y subestaciones depende de ese financiamiento, de lo contrario se quedaría paralizado el PER”, dijo.

Ortiz explicó que actualmente el trámite estaría saliendo del Ministerio de Finanzas para que sean conocidos por la Junta Monetaria y Segeplan entre otros entes gubernamentales que tienen que conocer la iniciativa.

Vinicio Martínez, director ejecutivo del Plan Puebla Panamá (PPP) afirmó que esos créditos estarán en la agenda legislativa de este año para su aprobación.

Aunque estos préstamos se consideraron parte del PPP, Guatemala inició las gestiones antes de concebida la iniciativa mexicana para el desarrollo de la región.

En detalle: El origen

El Plan de Electrificación Rural contemplaba varias formas de financiamiento.

Con la venta de las distribuidoras de Oriente y Occidente a Unión Fenosa, se fundó el fideicomiso con US$101 millones.

Con Bonos del Tesoro el Estado aportó otros US$56 millones.

La venta del remanente del cinco por ciento acciones a Unión Fenosa concedió US$6 millones más.

Los empleados del INDE aportaron US$2.5 millones más con la compra de acciones.

En intereses de sus acciones el INDE de ganó US$14.5 millones que también fueron asignados al PER.

De fondos propios, el INDE también aportó US$11 millones más.

La venta pública de acciones representó US48 millones.

A eso se debe sumar los US$130 millones de los préstamos pendientes con el BID y el BCIE.