EDITORIAL
Captura de Lucas: unas reflexiones

La solicitud de captura del ex presidente guatemalteco Fernando Romeo Lucas García, hecha a España como parte de las investigaciones que se realizan con motivo del caso del incendio de la embajada española en 1980, obliga a que el caso sea analizado desde las perspectivas legal e histórica, para llegar a una conclusión acerca de qué debe hacerse para obtener resultados prácticos.

Legalmente es defendible el hecho de que la Audiencia Nacional de España, a solicitud de la Fundación Rigoberta Menchú, utilice todos los mecanismos a su alcance para que sea juzgado quien debe serlo en este caso, lo cual incluye, por supuesto, a la totalidad de participantes en este drama, directos e indirectos, guatemaltecos y españoles.

Desde ese punto de vista, la acción no sólo es explicable, sino, además, justificada, porque no deben fenecer los crímenes relacionados con derechos humanos, corrupción y otros asuntos relacionados con el mal uso del poder político.

Pero existe un punto de vista distinto. Lucas García es un hombre enfermo, casi imposibilitado de movilizarse, con sus facultades mentales afectadas desde hace algunos años.

No parece haber duda alguna para comprender que por esa causa ya la naturaleza lo hizo salir de la jurisdicción de la ley y ahora solamente espera la muerte para terminar de someterse al juicio de la historia, junto con todos los demás protagonistas de la guerra interna guatemalteca y que actuaron en uno de los dos lados del espectro político e ideológico que reinaba en los tiempos de la Guerra Fría, y por ende del enfrentamiento de las grandes potencias.

Si las acciones legales contra Lucas son llevadas a extremos, sería convertido en víctima, papel que no merece, porque fue responsable y también culpable de muchas de las más violentas masacres que ocurrieron en Guatemala y que hasta ahora empiezan a ser conocidas en su verdadera magnitud. Las solicitudes de juicios contra quienes gobernaban en esa época debe entonces centrarse en otros ex funcionarios.

Lo expresado no significa en manera alguna que se trate de justificar lo ocurrido ni la responsabilidad del ex gobernante en tanta tragedia. Ese no es el tema. Lo que se debe decidir es la determinación de cuáles son las circunstancias que hacen que este tipo de juicios deban ser realizados.

La justicia no significa venganza, porque ésta -aunque sea justificada y explicable como consecuencia de todo lo ocurrido- siempre lleva a resultados que terminan convirtiéndose en hechos ilegales y moralmente inaceptables. La ilegalidad no se debe combatir con ilegalidades, porque coloca a quienes lo hacen en la misma posición inadmisible.

El caso de Lucas demuestra que lo ocurrido en Guatemala se puede y se debe ver desde diversas ópticas, con la condición de que se logre llegar a obtener justicia. Ello significa dar a los acusados la oportunidad de defenderse, derecho básico para afianzar el estado de Derecho, y también juzgar a quienes están capacitados para enfrentarse a un sistema que los juzgue tanto por sus acciones como por sus omisiones.