Petroleras sugirieron cambio
Transnacionales aseguran que cierre de almacenes fiscales era extremo, pero necesario
Por: Jennyffer Paredes

Fueron las empresas transnacionales las que pidieron a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) gestionar el cierre de los almacenes fiscales para la industria de los combustibles. Shell y ESSO argumentan que la medida, aunque drástica, era necesaria.

Carolina Roca, superintendente de Administración Tributaria, apoyó la propuesta y la llevó al Congreso, donde finalmente los diputados decidieron incluirla en la ley que aprobaron para establecer el impuesto a la distribución de combustibles.

“La inquietud de que esto se incluyera en el proyecto de ley fue de la iniciativa privada. Nosotros —Shell, ESSO y Texaco— hablamos con Carolina Roca y le dijimos que era necesario”, dijo Juan Ángel Díaz, gerente general de Shell Guatemala.

Agregó que su propuesta de acabar con estos incentivos fue motivada por el nivel de contrabando de derivados del petróleo que se da en el país, el cual les afecta.

“Nosotros también salimos perjudicados con esa medida, porque teníamos nuestra bodega fiscal, pero nos sentimos más cómodos sin ese beneficio”, expresó.

William Eisner, gerente de ESSO, secundó los argumentos de Díaz y aseguró que el cierre de las zonas francas también les afecta. No obstante, señaló que para ellos era preferible sacrificar esa parte del negocio y contribuir a combatir la defraudación.

Reacciones

En el Congreso hubo diferentes reacciones. Algunos de los diputados que votaron a favor, como Jorge Luis Ortega, de DIA, se mostraron sorprendidos porque aseguraron que no era el cierre de las zonas francas lo que se pretendía aprobar.

El unionista Mariano Rayo indicó que había advertido a los legisladores de los efectos de esa medida, pero no le escucharon.

“Los efectos son malos porque se están cambiando reglas del juego”, lo cual obstaculiza la inversión, aseveró.

Roberto Kestler, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), lamentó que se haya tomado una decisión para favorecer a empresas internacionales, en perjuicio de una industria con participación local que estaba floreciendo.

Apoya medida

Roca apoyó los argumentos de las transnacionales e insistió en que era “la única medida posible, ante el nivel de contrabando y evasión en el sector de combustibles”.

“Soy partidaria de la medida que se está tomando. Reconozco que es extrema, pero era necesaria para controlar este problema”, insistió.

Reconoció que los controles que la SAT efectuó en el combate al contrabando de combustibles no fueron suficientes ni efectivos, por lo que apoyaron el cierre de los almacenes fiscales.

Cuando se preguntó a Roca respecto de los estudios e informes que la SAT debió hacer para observar todos los elementos en torno a esta decisión y sus efectos frente a la inversión extranjera, se limitó a decir que manejan cifras y algunos análisis.

Al solicitarle el documento, respondió que tienen estadísticas y que las enviaría.

Roca dijo que algunos empresarios abusaron de los almacenes fiscales; sin embargo, reconoció que las acciones legales todavía están en las fase preparatoria y que pronto harán las denuncias.

Renán González, de Puma Energy, indicó que invirtieron en el país con la intención de aprovechar los beneficios de los almacenes fiscales, para tener una participación importante en la exportación.

“Nosotros no sólo queríamos tener presencia en el mercado local, sino extendernos”, enfatizó.

“La inversión extranjera que entra a Guatemala viene bajo ciertas reglas, y si al poco tiempo se las cambian, no se sentirá cómoda”, indicó.

Héctor Pérez, tercer vicepresidente del Congreso, justificó la aprobación de esta ley, con el argumento de que se basaron en la propuesta de la SAT en cuanto a combatir el contrabando.

“No tuvimos otro interés, y si algo hay que modificar o analizar en este tema, lo haremos”, afirmó.