Acuerdan cambios a la Ley de Amparo
Consenso: Ejecutivo, Legislativo y Judicial se unen para evitar abuso de recurso
Por: Sonia Pérez

La Corte de Constitucionalidad multa cuando rechaza amparos. Foto Prensa Libre: Archivo.

Los presidentes de los tres poderes de Estado acordaron coordinar medidas encaminadas a evitar el abuso de acciones de amparo que retrasan los procesos judiciales.

En la cita de los presidentes Óscar Berger, Jorge Méndez y Rodolfo de León Molina, en la que también participó el fiscal general, Juan Luis Florido, el martes recién pasado, uno de los temas discutidos fue el abuso del amparo, que incide en el escaso avance de los expedientes judiciales.

Apenas el lunes recién pasado, la Fiscalía Anticorrupción dio a conocer que por lo menos 10 casos de alto impacto se encuentran paralizados, debido al abuso de recursos —86— por parte de los acusados, en su mayoría amparos —47—.

Florido comentó que se acordaron acciones concretas para que, cuanto antes, haya reformas a la Ley de Amparo.

Entre las acciones está un anteproyecto de ley que elabora la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para evitar el abuso de esas acciones.

Entre las modificaciones que se proponen está el tiempo en el cual puede interponerse un amparo, a partir de la notificación de un fallo, que se reduciría de 30 a 15 días.

Además, que los amparos no puedan suspender los procesos judiciales que ya están encaminados y que éstos sólo puedan interponerse hasta agotados todos los recursos previos.

Para la magistrada de la CSJ Beatriz de León de Barreda, presidenta de la Cámara de Amparo, es necesaria una pronta modificación a la ley.

Se utiliza en forma abusiva

“La acción de amparo es una garantía constitucional, vela por los derechos humanos. Está bien como está, pero se utiliza en forma errónea o abusiva. En la Cámara tenemos alrededor de mil 700 amparos en trámite que entorpecen la justicia ordinaria”, refirió.

Comentó que esos recursos no buscan la garantía del derecho de defensa ni del debido proceso, y que se ha desvirtuado, por lo que han considerado las reformas.

“Los cambios son pocos, porque no pueden vedarse estas garantías; sólo son aspectos de procedimiento”, aclaró.

“El presidente del Congreso se comprometió a agilizar la discusión de las reformas en ese organismo; también se agilizarán discusiones sobre el anteproyecto de ley contra el crimen organizado”, comentó Florido.

Para modificar la Ley de Amparo, que es constitucional, se requiere del voto favorable de las dos terceras partes de parlamentarios, así como una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad, según juristas consultados.

Amparos: Abogados deben millones en multas

Los abogados deben Q2.7 millones a la Corte de Constitucionalidad (CC) en concepto de multas impuestas por amparos planteados que han sido declarados sin lugar.

La CC ha impuesto multas a los profesionales cuando considera que han planteado acciones frívolas o notoriamente improcedentes.

Las multas van desde Q50 a Q1 mil, según el caso.

Todos los amparos que se presentan van a parar a la CC, que los conoce en apelación o cuando se plantean directamente a este tribunal, en función de la autoridad contra quien va encaminado el recurso.

La Ley de Amparo estipula que el dejar de pagar la multa no puede ser motivo de prisión.

Autoridades de la CC analizan el incumplimiento de las multas.

Los tribunales comunes constituidos en tribunal de amparo también están facultados para multar a los abogados a la hora de rechazar los amparos.

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“En este asunto, muchos somos culpables”

Yolanda Pérez Ruiz, presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), dijo que la misma realidad hace necesaria una modificación de la Ley de Amparo, pero para darle más claridad.

¿Es viable un cambio a esta norma?

Creo que no haría falta una reforma a la ley si ésta se interpretara en su espíritu, pero la misma realidad hace necesaria su modificación.

La reforma debe ir dirigida a darle más claridad a la ley. Por ejemplo, en estos momentos el simple hecho de que se presente un amparo ya implica que se detenga el trámite del proceso judicial, y eso no debiera ser así. Incluso, se deniega el amparo provisional, y el caso sigue detenido.

En el abuso del amparo no sólo los abogados tienen la culpa, también la tardanza en los tribunales, desde los de primera instancia hasta la Corte de Constitucionalidad, al resolverlos; somos muchos los culpables.

¿Qué se podría hacer para sancionar a quienes plantean los recursos con intención de retrasar?

Se podría aumentar la multa contra los que interpongan amparos en forma caprichosa.

Pero son los mismos abogados los que recurren a esa medida.

Es una flagrante falta contra la ética profesional y es contrario a la naturaleza y el espíritu de la profesión de abogado.

¿Y qué hace el Colegio para sancionar esta actitud?

Que yo sepa, no se han presentado denuncias en contra de abogados por esa causa. Sería el Tribunal de Honor el que lo resolvería.