Reinan armas ilegales
Guatemala, el más afectado de la región
Por: Carlos Menocal

Más de millón y medio de armas ilegales de todo tipo y calibre existen en Guatemala. Foto Prensa Libre: Mario Linares.

Guatemala es el país más armado de Centroamérica. Por su territorio se trasiegan pistolas, revólveres y fusiles de asalto, sin que las autoridades ejerzan mayor control para evitar esa acción ilícita.

Tanto el Programa de Seguridad y Construcción de la Paz de Alerta Internacional (AI), como las Naciones Unidas sostienen que en el país hay, al menos, 1.5 millones de armas ilegales.

“Esta cifra hace de Guatemala el país más armado de la región. Las dos fuentes principales del mercado negro de armas en Guatemala son los fusiles AK-47 y otras armas que llegan de Honduras y de El Salvador. También armas robadas de casas de habitación e inventarios de los militares y la Policía”, señala la AI, una organización dedicada al análisis de conflictos entre los países.

El origen

Juan Carlos Leal, secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), comenta que los análisis efectuados por Gobernación y Defensa dan cuenta de que las armas provienen de Centroa y Sudamérica.

Según el ministro del Interior, Carlos Vielmann, las armas provienen de Honduras y de México.

En el caso de Honduras, no tiene leyes para registrar el armamento que ingresa. “Los militares y oficiales hondureños han sido cómplices en varios escándalos de tráfico de armas”, sostiene la AI.

Fuentes del Ministerio del Interior de esa nación explican que investigan el trasiego de armas de allí hacia Guatemala.

“Las armas tienen un origen lícito, pero como no hay registros, se venden ilegalmente a mafias guatemaltecas”, explican.

Con autorización

¿De dónde obtienen municiones quienes portan esas armas ilegales en el país? La respuesta podría estar en la importación.

Carmen Rosa de León, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), sospecha que “debido al poco control de la munición que se vende en Guatemala, hay probabilidad de que salga al mercado negro”.

Durante los dos últimos años y en lo que va de éste, según estadísticas del Departamento de Armas y Municiones (Decam), Guatemala ha permitido el ingreso de 84 millones 671 mil 100 municiones de calibres variados, entre 22, 9mm y .38, que satisfacen la demanda de 222 mil 304 clientes con armas de fuego defensivas y legalmente registradas.

Para tal negocio existen 80 empresas de compra y venta distribuidas en el país, con excepción de Totonicapán.

Tan sólo en el departamento de Guatemala hay 55 negocios de esa naturaleza.

El coronel Obder Enrique Argueta, jefe del Decam, dijo que no cree que las municiones sean adquiridas para revenderlas en el mercado negro.

“En la compra se pide un registro y la licencia de tenencia y portación del arma”, recalcó.

Según el reglamento del Decam, cada persona puede comprar hasta 500 cartuchos diarios de municiones.

“Usted puede comprar 500 en una tienda, ir a otro lado y comprar otras 500. No hay un sistema que controle esa demanda”, explicó un vendedor de municiones.

La mayoría

Según de León, ocho de cada 10 guatemaltecos que mueren en incidentes de violencia son víctimas de las armas de fuego.

Así ocurrió en el caso de Rudy Hernández, de 18 años, quien fue muerto en una panadería de Boca del Monte, el martes recién pasado.

Junto a él, otros dos jóvenes resultaron heridos, durante un ataque armado que un grupo de hombres perpetró en el negocio.

Los investigadores de la Policía explicaron que el análisis balístico no ha dado resultado.

Sospechan que las armas usadas no están registradas.

De León comentó que, conforme pasa el tiempo, el indicador ha subido. “Hace 10 años, un 34 por ciento de víctimas moría por armas de fuego. Hace tres, el porcentaje era de 60”, refirió.

Las muertes contrastan con los decomisos de armas. En los últimos tres años, la Policía ha incautado siete mil 600 armas, lo que representa un 0.5 por ciento del total de armamento ilegal en el país.

Durante 2003, la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a dos mil 700 personas con armas no autorizadas; en 2004, fueron tres mil 348, y hasta el 31 de mayo recién pasado, mil 539.

Un intento

Junto a la campaña de despistolización, el Gobierno apoya la jornada global de acción contra la violencia armada.

De hecho, Leal es parte de la Comisión Nacional para el Desarme, de reciente creación. “El presidente está preocupado por la violencia, y no escapa que parte de ella sea provocada por el trasiego de armas”.

El armamento que existe ha provocado la muerte de tres mil 500 personas durante 2004, según las estadísticas de la Policía.

Los datos oficiales indican que los lugares donde más ocurren estos hechos son Guatemala, Escuintla, Chimaltenango, Chiquimula, Izabal, San Marcos y Coatepeque, Quetzaltenango.

Así las cosas, víctimas como Rudy seguirán engrosando las listas de personas muertas por armas de fuego.

Guatemala no sólo es el país más armado de Centroamérica, sino el único cuya Constitución otorga el derecho a la tenencia de armas a cualquier ciudadano.

Oficial: Decrece demanda

La demanda por armas legales en Guatemala podría caer en un 50 por ciento para este año, con relación al anterior.

En los primeros cinco meses de 2005, los registros del Departamento de Armas y Municiones (Decam) dan cuenta de que han sido legalizadas seis mil 492.

El año pasado, el Decam registró 22 mil 385, y en el 2003 autorizó 25 mil 925.

Obder Argueta, jefe del Decam, explicó: “Hay una tendencia a bajar, tanto en la importación de armas y municiones como en el movimiento de transacciones en el Decam. Podría ser por razones económicas y debido a los controles y requisitos a nivel internacional que los países piden a los importadores”.

Carmen de León, de Iepades, cree probable que el guatemalteco se anime cada vez más a adquirir armas ilegales, por su bajo costo. “Es una demanda que va acompañada de la sensación de inseguridad”, dijo.

Saúl Minondo, de la Asociación de Ciudadanos por el Derecho a la Tenencia y Portación de Armas de Fuego, señaló que si eso ocurre es porque hay pérdida de confianza del ciudadano hacia el Estado.

“‘La población dice: mejor ya no la registro porque me la quitan’. Nosotros promulgamos por el derecho constitucional de portar armas. Eso sí, para quienes cumplan la ley”, enfatizó Minondo.