EDITORIAL
Imprevisión y ayuda exterior

Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, decretadas por el Congreso en 2004, y la falta de recursos para llevarlas a la práctica, es una característica común de imprevisión propia del Estado de Guatemala.

Existen numerosos ejemplos en tal sentido, de normas cuya vigencia se ha atrasado por la falta del reglamento de aplicación, o de recursos, cuando se trata de medidas referidas a infraestructura física o contratación de personal.

Respecto de lo último, se puede citar casos de disposiciones legislativas nacidas sin ningún apresto presupuestario, por lo cual las instituciones ejecutoras se han visto obligadas a extender la mano a la cooperación internacional para poder financiarlas.

Pero esta generosidad, aunque es bienvenida y ha resultado benéfica para resolver diversas necesidades de nuestra amplia problemática social, implica conceder a los benefactores la posibilidad de intervenir en los asuntos domésticos, y a fungir como fiscalizadores de los recursos aportados y de la marcha del Estado, o como críticos e interlocutores sobre cualquier tema.

Esta práctica, ahora molesta, fue útil, sin embargo, en los momentos más difíciles del enfrentamiento armado interno, pues los señalamientos, denuncias y censuras de la comunidad internacional ayudaron a atenuar la represión en contra de la población civil no beligerante.

Aquella forma de denuncia se extendió hasta convertir a académicos, intelectuales, políticos y a simples ciudadanos de cualquier país, en especies de verificadores de las tropelías de la guerra y, más tarde, de los esfuerzos de paz.

Eso, sin embargo, erosionó el derecho y la potestad del Estado y de los guatemaltecos como los únicos llamados a opinar sobre asuntos internos.

No obstante algunos avances en cuanto a la recuperación de esa característica soberana, aún existen en el país procónsules, y en diversas partes del mundo, voces individuales e institucionales dispuestas a cuestionar, opinar e imponer sus criterios sobre la política nacional.

Tal situación respecto de Guatemala es atípica en las relaciones entre países y en el criterio de soberanía, pues ninguna nación considerada digna permite la intromisión extranjera en sus asuntos internos, y existen, asimismo, claros e inequívocos referentes de los linderos de las opiniones sobre aspectos locales de embajadores y funcionarios de organismos internacionales.

Evidentemente, se necesita compatibilizar los criterios de dignidad y de demanda y aceptación de ayuda externa, no sólo por cuestión de soberanía, sino por ser nociva para la iniciativa local la vergonzosa actitud de mantener extendida la mano eternamente.

Algún día esto debe cesar —y cuanto antes mejor—, para aprender a valernos por sí mismos y evitar el empleo foráneo del concepto de solidaridad como un pretexto para manosear los asuntos privativos de los guatemaltecos.