Guardias piden dinero a reos
Corrupción: Les cobran entre Q30 y Q10 por llevarlos a declarar ante el juez
Por: Francisco Martínez

A raíz de la corrupción que hay en el traslado de los reos de la carceleta, ubicada en la Torre de Tribunales, hacia los juzgados para que declaren, las autoridades del Organismo Judicial (OJ) tienen previsto que los sindicados lleguen al banquillo sin pasar por “el gallinero”.

Según el magistrado Eliú Higueros, coordinador de la Unidad de Modernización del OJ, las denuncias de que los guardias cobran sumas de dinero a los reos para subirlos a declarar, provocó que las autoridades del Sistema Penitenciario, el Estado de Derecho de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se reúnan para solucionar el problema.

Higueros afirma que se acordó un calendario para que los reclusos declaren en los 11 juzgados de Primera instancia Penal.

Empero, al momento de ejecutarlo hubo problemas, porque los guardias los llevaban tarde y se perdía la hora.

“Para corregir eso y combatir la corrupción, sugerimos que cuando los guardias traigan a los reos los pasen directo al juzgado sin pasar por la carceleta (“el gallinero”), porque la corrupción está en que (los guardias) les exigen dinero por subirlos al juzgado”, indicó.

Según Higueros, a diario asisten a declarar entre 70 y 90 reos, de los cuales no todos son escuchados por los jueces, debido a los hechos denunciados.

“La queja es que los procesados están en la carceleta hasta las 15 o 16 horas sin haber declarado, por no haber podido pagar o porque no había guardias para subirlos al juzgado”, explica.

El magistrado considera que “al reo se le viola su derecho a dar su primera declaración; el juez se ve afectado porque tiene programadas diligencias donde debe estar el procesado y no se realizan, también causa problemas al defensor y al fiscal, pues llegan a perder el tiempo.

Entre Q30 y Q40

Alejandro Rodríguez, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales dice que algunos de sus clientes han manifestado que los guardias les cobran entre Q30 y Q40 para subirlos a declarar. “Esto causa desorden, porque los guardias son los que deciden a quiénes suben y a quiénes no”, indicó.

Según Rodríguez, la escasez de transporte para el traslado de los sindicados también agrava el problema, porque evita que lleguen a los tribunales a tiempo. “Ahí comienza la poca transparencia; algunos abogados defensores dicen que deben pagar entre Q25 y Q100”, agregó.

Según el abogado Walter Robles, con estos hechos el Estado viola el derecho constitucional de que una persona debe ser indagada dentro de las siguientes seis horas después de su captura.

Alternativas: A futuro

Para evitar la corrupción, las autoridades tienen previstas varias soluciones; la mayoría son a largo plazo.

Construir juzgados alrededor de los centros de detención, para que los sindicados presten sus primeras declaraciones.

Para llevar a cabo este proyecto existe un terreno contiguo al Preventivo de la zona 18, el cual están legalizando.

Para la construcción de este juzgado ya se elaboraron los planos, los cuales contemplan un túnel que comunicará la cárcel con el juzgado.

Otra solución es la creación de juzgados de turno, para que el detenido sea llevado por la Policía de inmediato ante el juez.

El juez tendrá competencia para decidir la situación jurídica del sindicado.

Estas posibilidades son consideradas por las autoridades muy caras y de largo plazo.