Impugnan fallo
Piden a juez revisar resolución que anuló captura de Portillo
Por: Sonia Pérez

Fue planteado un recurso de reposición para que el juez Víctor Hugo Herrera Ríos analice nuevamente el fallo que emitió y que dejó sin efecto la captura del ex presidente Alfonso Portillo.

La abogada Lea de León, querellante dentro del proceso y representante de una financiera que habría sido estafada por el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) —caso que se conexó con el del fraude de Q906 millones al Ejército— impugnó la resolución del juez quinto de instancia Penal.

Mientras, el fiscal Anticorrupción, Celvin Galindo, dijo que analiza las actuaciones a seguir, entre ellas solicitar a la Corte de Constitucionalidad (CC) un recurso de ejecución de la sentencia en la que en julio pasado dejó con validez todo lo actuado dentro del proceso, incluida la detención de Portillo.

De León explicó que basó la reposición en que la CC emitió en su oportunidad una sentencia en la que declaraba sin lugar una inconstitucionalidad planteada por los militares, que pretendía detener el proceso.

Herrera Ríos resolvió, el martes pasado, con lugar una actividad procesal defectuosa presentada por el ex jefe de Presupuesto del Ministerio de la Defensa, Henry Galindo, quien adujo que el caso debía suspenderse porque estaba en trámite una inconstitucionalidad —en ésta alega que no se debieron abrir archivos militares—.

La Fiscalía investiga el fraude por Q906 millones a la Defensa; a Portillo le vincula con Q120 millones.

Libertad total

Portillo, quien vive en México, ya no tiene orden de captura, según decisión de juez.

Argumentos: Fallo es rechazado porque

Según el Ministerio Público y la querellante, el juez obvió algunos puntos.

Al resolver, el juez dejó sin efecto resoluciones emitidas entre el 13 de julio y el 1 de agosto de este año, sin tomar en cuenta un fallo de la Corte de Constitucionalidad que validaba lo actuado en esas fechas.

El 25 de agosto, la Corte de Constitucionalidad emitió otra resolución en la que confirmó sin lugar una acción de inconstitucionalidad que pretendía detener el proceso y que fue presentada por militares vinculados al saqueo de Q906 millones.

Al rechazar la inconstitucionalidad, los efectos son que el proceso no se detiene, como pretendía el militar, por lo cual no hay que enmendar ningún procedimiento.