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EDITORIAL
Ejercicio debe ser rescatado
Aunque es encomiable, la rendición de cuentas cumplida la semana recién pasada por el Ejecutivo careció de eficiencia en su propósito de transmitir a los ciudadanos la certeza de que los fondos públicos son manejados con transparencia.
El poco impacto social de ese ejercicio bien intencionado radica en varios factores, como el haberse convertido en una simple enumeración de cifras, partidas y gastos, y la imposibilidad de saber si lo reportado como inversión es mucho o es poco, y si es justo, además de que se desconoce su calidad y pertinencia, es decir, si se hizo para resolver verdaderos apremios sociales y en el momento oportuno.
Por otra parte, en aquella información, por lo general condicionada a la brevedad, por ser demasiados los expositores, no hubo posibilidad de conocer, tal vez por lo prolijo que hubiese resultado, si las compras se sujetaron a procedimientos idóneos de licitación, si las ofertas recibidas fueron auténticas y no amañadas mediante el empleo de falsos oferentes, para dar apariencia de licitud al proceso, si los productos adquiridos fueron los de la mejor calidad y si se justifica el precio pagado por ellos.
Asimismo, si las compras se hicieron dentro de los ámbitos permitidos por la ley, pues puede ocurrir que algún funcionario use testaferros para ocultar sus intereses en empresas y comercios.
Al margen de lo meramente procedimental, gravitan en forma negativa sobre el beneficio de la duda para tal acto algunas actitudes del Ejecutivo ante reclamos sociales por negocios del Estado que son fuente de suspicacias, como el tristemente célebre Programa de Apoyo Comunitario Urbano y Rural.
En ese mismo sentido, abona la indiferencia y falta de acción acerca de funcionarios señalados de anomalías y quienes, casi de manera sistemática, son defendidos por las altas esferas del Ejecutivo, y la falta de persecución penal en contra de burócratas que se ven exonerados de responsabilidad ulterior por sus fechorías con el simple hecho de ser separados de sus funciones.
Hay, asimismo, un sentimiento de desencanto y frustración porque las promesas de promover normas a favor de la transparencia no se convierten en hechos; por la falta de voluntad de algunos funcionarios para abrir sus dependencias, sin ningún tipo de restricción, a la glosa institucional y social, y por el creciente afán de buscar trampas para burlar las leyes, como el valerse de entes externos que evaden la auditoría bajo el manto de la inmunidad diplomática, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización Internacional para las Migraciones.
No obstante, esa rendición de cuentas, inédita en Guatemala, es una medida positiva que se puede rescatar si se da oportunidad a la Prensa y a la sociedad en general de contar con los informes completos, para analizarlos y poder determinar el nivel de honestidad y probidad en los negocios del Estado.
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Q 7.62134