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EDITORIAL
Desprecio por la responsabilidad
La demagogia, el populismo y la politiquería tienen en común el manoseo de la conciencia de las personas mediante la apariencia de preocupación por sus necesidades, aunque los efectos de las soluciones sean, a la postre, contrarios a los resultados deseados o esperados.
Un ejemplo de esa maniobra ocurrió el miércoles recién pasado en el Congreso de la República con la medida de prolongar por un mes el plazo para pagar el impuesto de circulación de autos, bajo planteamientos espurios relacionados con la pobreza de las personas o con escollos burocráticos.
Nada de lo argumentado por los diputados promotores de la medida resiste un análisis serio, desprovisto de politiquería, porque los propietarios de vehículos, que debido a esa condición no figuran entre los guatemaltecos en situación de pobreza extrema, han tenido siete meses para cumplir con esa obligación y regularizar los documentos.
El reclamo común a los guatemaltecos, en especial originado en las esferas públicas –entre ellas el Congreso–, es que la carencia de cultura tributaria dificulta al Estado contar con los fondos necesarios para resolver los apremios sociales.
También se les reclama irresponsabilidad en la esfera de la solidaridad social, y otros hábitos indeseables, como la impuntualidad o el afán de evadir el cumplimiento de la ley, particularmente a través de trampas que surgen antes de la vigencia de la misma norma que se burle.
En el caso del impuesto citado, se ha vuelto costumbre en muchas personas la práctica de retrasar su pago, porque dan por sentado que, vencido el plazo legal, el Congreso lo extenderá con el propósito oportunista de granjearse simpatías, en especial si, como ahora, se está en la antesala de un período electoral y se sueña con la reelección.
La medida del Legislativo tiene varios efectos. En primer lugar, desalienta y frustra a quienes hicieron el pago en tiempo, para cumplir con la ley y, luego, traslada a la sociedad en general la impresión de que, aunque la norma diga lo contrario, es posible evadir o retrasar el cumplimiento de las obligaciones, entre las cuales destacan los tributos.
El manoseo de la ley por parte del Estado, con base en una discrecionalidad arraigada, permite a los burócratas interpretaciones antojadizas y manifiestamente ilegales, como la anunciada por la Policía de Tránsito, antes de la ampliación del plazo aprobada por el Congreso, de que daría un compás de espera antes de multar a quienes no han pagado aquel impuesto, aunque las normas de tránsito ordenan otra cosa.
Los politiqueros han convertido a Guatemala en un jardín de paradojas, en el cual resalta la ironía de que mientras algunas instancias del Gobierno luchan por evitar la evasión y la colusión y por motivar a los ciudadanos a pagar sus impuestos, otras, como el Congreso, apañan y hasta incentivan la irresponsabilidad.
Por eso se ha dificultado desarraigar la tendencia generalizada a exigir derechos, aunque se evadan de manera sistemática las obligaciones.
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Q 7.62134