EDITORIAL
El complicado caso del pollo

El caso del pollo se ha convertido en el primer ejemplo concreto de la enorme dificultad de cumplir los supuestos teóricos sobre los cuales descansan los tratados de libre comercio cuando se realizan entre países de diversa fuerza, pero también de la necesidad de escoger cuál es el grupo cuyos intereses deben ser defendidos por los gobiernos.

En este caso, como en todos, los interesados son los productores locales, los importadores y los consumidores. Todos tienen derecho a tener derechos, pero el tercer grupo es el más importante, por ser el mayoritario, especialmente en casos tan delicados como es la comida.

Las condiciones económicas del país hacen que el pollo sea una de las pocas fuentes de nutrición con precio al alcance de la mayoría. Es por ello que la sola idea de aumentar aranceles, impuestos y demás gravámenes no puede ser explicada ni justificada en manera alguna.

La producción nacional de pollo no es lo suficientemente grande para abastecer la demanda nacional. Es entonces donde entran los derechos de quienes deciden importar esa carne, y hacerlo con la idea de venderla a los mejores precios.

Por otro lado están los productores locales, que también tienen derecho a que su producto compita en condiciones iguales, pues la producción nacional significa una fuente de empleo en un país que lo necesita tanto.

El sector empresarial guatemalteco, como conjunto, celebró la creación del TLC. Guatemala aceptó nuevas reglas y condiciones. El ingreso de carne de pollo importada se justifica entonces, aunque eventualmente signifique una seria restricción del mercado de los productores locales.

No es necesario saber de economía para darse cuenta de que la producción nacional en casi todos los rubros tiene unos precios que van en relación no sólo con la supuesta falta de eficiencia, sino con el tamaño del mercado, a todas luces más pequeño que el de Estados Unidos.

La actuación gubernativa, como siempre, ha sido errática. Primero, el presidente Berger anuncia que no habrá aranceles adicionales, como debe ser. Pero luego deja abierta la posibilidad a hacerlo, y además se anuncia que Guatemala denunciará por dumping a Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio.

Esto puede ser teóricamente posible, pero tardará un tiempo demasiado largo y las posibilidades de ganar son muy escasas, debido a la evidente diferencia de la capacidad de influencia de los dos países.

El asunto se complica aún más con la amenaza del Congreso para fijar cuotas. Basado en criterios politiqueros, esto sería peor. Los aranceles adicionales estimularán el contrabando y afectarán todavía más al ya agobiado consumidor, porque el precio sería parecido al oficial.

Los primeros efectos del TLC se están sintiendo principalmente por los pocos y muy grandes productores nacionales, que deben ahora adaptarse a la nueva realidad, renovarse o quedar fuera.

De la manera como se ha planteado el asunto, corren peligro de ser considerados por la población como los causantes de un innecesario aumento al costo de la comida, ya demasiado cara.