Juristas sugieren vía penal contra propaganda
Por: Amafredo Castellanos

Abogados expresaron que está vigente la resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que ordena al Partido Patriota (PP) retirar vallas, por lo que propusieron acudir a la vía penal para velar por el cumplimiento de la ley.

“El TSE tiene que ver qué hace para que se cumpla su resolución; de lo contrario, cualquiera puede hacer lo que le dé la gana”, expuso el jurisconsulto Alejandro Balsells.

Añadió que la resolución del TSE contra las vallas del PP está firme, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no otorgara el amparo provisional a aquel partido.

“El TSE debería certificar lo conducente y enviar el expediente a un juzgado penal por el delito de desobediencia”, opinó.

Gabriel Medrano, ex magistrado del TSE y ex presidente del Colegio de Abogados, coincidió con Balsells: “La resolución está firme, al no haberse otorgado el amparo provisional”.

Ángel Alfredo Figueroa, magistrado del TSE, afirmó que resolvieron que se deben eliminar las vallas, pero aún no hay un fallo definitivo respecto del amparo.

El jurista Mario Fuentes Destarac expresó que, para que el TSE pueda certificar lo conducente, debe agotar antes el proceso. “Está pendiente la resolución definitiva de la CSJ”, recordó.

Precisó que el TSE debe ser “más contundente”, a fin de hacer valer sus resoluciones.

Planteó también la necesidad de “acuerpar al TSE como la institución que goza de mayor prestigio y credibilidad en el país”.

Alejandro Rodríguez, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, manifestó preocupación porque no se observa interés del TSE por eliminar las prácticas irregulares de los partidos.

Reconoció que existe un problema de efectividad de la ley, mientras Balsells remarcó: “Un tribunal no somete a debate sus resoluciones, sino las hace cumplir”.

Frente a la complejidad del tema, Balsells sugirió: “El TSE podría emitir una disposición que regule el punto, para sancionar conforme a la Ley Electoral y, por ser una autoridad legítimamente constituida, el desacato a sus disposiciones cae en el campo penal”.