EDITORIAL
Vandalismo debe ser castigado

El incendio intencional de parte de las instalaciones del oleoducto en Chahal, Alta Verapaz, es una acción que debe ser rechazada, y los culpables, castigados, porque de lo contrario los efectos económicos, políticos y sociales significarán muchos y más serios problemas para el país, en especial por estar a las puertas de un año electoral.

Resulta absurda la supuesta lógica esgrimida por los pobladores del área. Ellos están molestos porque el Gobierno no ha cumplido con la promesa de asfaltar una carretera, pero en vez de hacer sus reclamos a donde corresponde, decidieron incendiar las instalaciones de la petrolera Perenco, hecho repudiable -como lo son todas las medidas de hecho-, especialmente cuando son violentas, y además, porque las llamas pudieron haberse salido de control. Por fortuna, no ocurrió nada de eso, pero no por ello el acto deja de ser grave.

Los chahalenses tienen el derecho de petición, e incluso es explicable la molestia porque sus demandas no hayan sido atendidas por el Gobierno. Pero la destrucción de las instalaciones petroleras no es más que el efecto de la mala acción de una dirigencia irresponsable. Este tipo de atentados nunca ocurren espontáneamente. Necesitan que alguien, literalmente, encienda el fuego. Esta versión es mucho más válida a causa de lo prolongado de la ocupación, iniciada al filo del mediodía de anteayer.

En ningún país democrático este tipo de acciones quedan impunes. La ruptura de la ley es sujeto de juicio y de castigo, independientemente de la supuesta justeza de las reclamaciones.

Las autoridades guatemaltecas están obligadas a actuar legalmente contra los participantes y organizadores. En un país como Guatemala, esta reacción de las autoridades es doblemente importante.

La primera razón es que se debe dejar claro el mensaje de que tales acciones violentas e ilegales no pueden ser permitidas. Primero comenzaron con la toma de carreteras, causantes de serios daños económicos y de problemas y molestias a las miles de personas que no pudieron transitar.

Después se hizo lo mismo con el acceso al aeropuerto La Aurora. Pero el miércoles ya se llegó a hechos vandálicos que, por pura buena suerte, no significaron pérdidas de vidas, pero sí de propiedades.

La segunda razón es que, de cara a la comunidad internacional, muy pocas personas y empresas querrán invertir en Guatemala si existe el riesgo de ataques a las instalaciones industriales o de cualquier otro tipo.

Este país compite con otros por atraer el capital extranjero necesario para lograr un mejor nivel de vida. El costo económico y político de las acciones ilegales, para exigir supuestos derechos incumplidos, supera con creces el valor de cumplir con semejantes exigencias.

Los sectores populares deben comprender que quien toma la acción, pierde el derecho. No es incendiando industrias ni asustando a posibles inversionistas como se logra el apoyo de la población. Al contrario: el Gobierno queda sin alternativa, porque ceder ante esas presiones indebidas es, simple y sencillamente, un suicidio político.