EDITORIAL
Dimes y diretes sobre Pavón

El procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, ha levantado una intensa polémica en torno a la toma de Pavón, efectuada hace tres meses, en la que, según su informe, se habrían cometido siete ejecuciones extrajudiciales y abusos en contra de los reos.

La respuesta no se ha hecho esperar, y las autoridades de seguridad, pero principalmente el director de Presidios, Alejandro Giammattei, han puesto en tela de duda el informe del magistrado de conciencia y aseguran que se trata de convertir en “tenebroso” un hecho que califican como “transparente”.

La polémica tiene ingredientes interesantes y argumentos en las dos partes. Ahora debe ser el Ministerio Público (MP) el que determine si hay suficientes evidencias como para calificar de ejecuciones extrajudiciales las muertes de los siete reos, o, por el contrario, persiste la versión de que murieron al oponerse a la intención de las fuerzas de seguridad de recuperar un presidio que ellos controlaban con absoluta impunidad.

El argumento de que debe prevalecer el estado de Derecho es fundamental, porque, en efecto, por más acciones ilegales que los reos pudieran estar cometiendo desde lo interno de aquella cárcel, nada justificaría una ejecución extrajudicial, pero, hasta hoy, las autoridades niegan absolutamente que ello haya ocurrido, y más bien consideran que se trata de versiones que provienen de otros reos o de familiares; por lo tanto, parte interesada.

En efecto, lo que debiese servir para aclarar esta polémica no son las versiones testimoniales, sino, en todo caso, las pruebas científicas que permitan determinar lo sucedido, aunque de antemano se sabe de la poca capacidad para investigaciones de este tipo en el país.

Hay que recordar que las fuerzas de seguridad actuaron el 25 de septiembre como respuesta a una triste realidad: los reos de Pavón no sólo controlaban el presidio de manera casi absoluta y vivían con grandes comodidades (algunos de ellos), sino que desde allí operaba una amplia red que promovía extorsiones, secuestros, tráfico de drogas y generaba corrupción en el Sistema Penitenciario.

Todo ello quedó desmantelado tras aquel operativo, que ahora debe ser sometido a investigación, para determinar si las fuerzas de seguridad combinadas actuaron al margen de la ley o si lo hicieron de manera correcta. Insistimos, el caso está en manos del MP, que debe rendir un informe con los resultados que brinden las investigaciones.

Se cierra el año con esta polémica, pero también se abre con la misma el 2007, porque es seguro que este tema seguirá siendo objeto de discusiones y será tomado también, en algún momento, con fines políticos. Lo importante es que se aclare con absoluta certeza lo sucedido, para que no queden dudas en un sentido u otro.

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