Desprotegidas
Autoridades no responden a víctimas
Por: Lorena Seijo

Tres años de lucha para lograr justicia de nada sirvió a una víctima de violación. El agresor a pesar de haber sido condenado, logró que un juez lo dejara en libertad bajo fianza. Ahora, las amenazas y el temor continúan. Dramatización Antonio Jiménez.

Una joven acudió a la Policía Nacional Civil de San Juan Sacatepéquez luego de haber sido brutalmente golpeada, el pasado 23 de diciembre.

Su marido y su suegro le habían propinado una paliza, por lo que se vio obligada a abandonar su vivienda junto a su bebé.

Al denunciar la agresión, pidió que la protegieran, pues temía por su vida, pero le indicaron que tenían demasiados casos similares.

La afectada se resguardó en la casa de su madre y, en forma sorpresiva, a las 19 horas un grupo de policías llegó a catear la residencia. Su marido la había denunciado por haberse llevado al hijo de ambos, y las autoridades actuaron de inmediato y le indicaron que se la llevarían de vuelta a su hogar.

A favor del agresor

“En estos casos no es sólo que la Policía no te dé la protección que te corresponde, sino que actúa a favor del agresor, y no de la víctima”, afirma Norma Cruz, directora de la organización Supervivientes.

Este puede ser contemplado como un caso extremo, pero hay otros no menos preocupantes.

Eva Pérez* pidió protección al juez que llevaba su caso y éste se la concedió. Un hombre entró en su casa e intentó matarla con un cuchillo cuando estaba embarazada de nueve meses, fruto de una violación que investigaba el Ministerio Público.

Eva tuvo que ir a los tribunales a recoger la orden de protección seis días después de haber dado a luz.

La Policía le dijo que si pasaba algo, avisara, pero que no podía llegar hasta su casa.

Cuando se fijó fecha para el debate, volvieron las amenazas. La víctima le pidió ayuda a la fiscal que llevaba su caso, Claudia Lorena Quiquivix, pero ésta no la atendió.

Carga, no protección

Luego de presentar una denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos, Eva recibió protección durante ocho días.

Sin embargo, tenía que correr con todos los gastos de manutención y hospedaje del custodio. “Yo, en ese momento, no podía trabajar y no tenía dinero para alimentar una boca más, así que pedí que me retiraran la protección”, relata Eva.

La Fiscalía nunca informó de la situación económica de la víctima. El propio policía que tenía que protegerla, le recomendó que rechazara la custodia. “La razón era que él se sentía como carga para la familia, y reconocía su incapacidad para protegerla”, dice Cruz.

Finalmente se dictó sentencia, el pasado 1 de octubre. Rudy Manuel Rivas fue condenado a ocho años de cárcel por violación, pero el tribunal primero de instancia Penal decidió dejarlo libre bajo fianza, hasta que se confirme la sentencia.

“De qué me ha valido luchar durante tres años, si él está libre y las amenazas continúan”, pregunta Eva, quien está decepcionada del trabajo de policías, fiscales y jueces.

Problemas conocidos

La falta de capacitación y de personal en la Policía para resguardar a testigos o ciudadanos amenazados es conocida por la Comisión Presidencial de Derechos Humanos.

El Ministerio de Gobernación reconoce que no tiene capacidad suficiente para cumplir las órdenes de protección dictadas por tribunales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En la actualidad, da protección a 709 personas.

* Seudónimo.

Demanda: Norma Cruz

Falta de acción

“Nos planteamos la posibilidad de presentar una demanda contra la Policía Nacional Civil, por incumplimiento de las órdenes de protección dictadas por los jueces”, señala Norma Cruz, de la organización Sobrevivientes. “Creemos que es la única manera como entenderán que no pueden decidir discrecionalmente a quién protegen y a quién no”, apunta.

Copredeh: Presupuesto y formación

Frank la Rue, presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), opina que existen problemas para proteger a quienes lo solicitan. “Es necesario capacitar al personal de protección, pues tiene que saber identificar las señales de peligro y tratar correctamente a la víctima”, señala el funcionario.

Reconoce que los recursos y la logística del Servicio de Protección y Seguridad (Seprose) son escasos, lo cual impide atender todas las peticiones.

“En muchos casos, la víctima tiene que alimentar y alojar a los custodios, sin tomar en cuenta si tiene capacidad para ello”, agrega.

La solución, según el funcionario, no es que cada institución cree su cuerpo de protección, como sucede con el Organismo Judicial.

“Debería de haber una unidad especializada, compuesta de policías, pero que se dedicara exclusivamente a la protección de personas amenazadas o en riesgo”, expresa.

Copredeh tramita las peticiones de protección de testigos de juicios y defensores de derechos humanos.