Leyes dificultan destitución de mil 500 policías
Jueces reinstalan a señalados de corruptos
Por: Lorena Seijo

El proceso de destitución por la vía laboral puede durar hasta dos años, en tanto se prueban las sindicaciones hechas por el jefe de la dependencia.

Un mecanismo que agilice los trámites para destituir a personas vinculada a corrupción en instituciones del Estado, busca la Procuraduría General de la Nación (PGN), a petición de dependencias como el Ministerio de Gobernación, donde la depuración de mil 500 agentes está en suspenso, debido a trámites burocráticos.

La benevolencia del Derecho Laboral frente a la necesidad de depurar las instituciones es uno de los temas que, incluso el martes recién pasado, fue analizado por los tres presidentes de los organismos del Estado, quienes acordaron buscar opciones.

El proceso de destitución por la vía laboral puede durar hasta dos años, en tanto se prueban las sindicaciones hechas por el jefe de la dependencia.

Este es un tiempo que, según el ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, “la sociedad no se puede permitir”.

Roberto Molina Barreto, procurador general de la Nación, dijo que lo ideal es efectuar reformas legales que faciliten el proceso de despido en casos de corrupción.

Una de las opciones más viables es incorporar un nuevo reglamento para tratar a los funcionarios, en la iniciativa de ley de servicio civil.

“Estaríamos hablando de un proceso más ágil de destitución para funcionarios que estén trabajando en áreas complejas, como la seguridad o la salud”, explicó Molina.

Otra de las instituciones que afrontan problemas para ser depuradas es el Ministerio Público, donde se discute el pacto colectivo.

Vielmann opinó que es imprescindible que se dé un cambio que permita apartar de las calles a los malos agentes.

“Si yo capturo en flagrante delito a un policía que lleva un carro robado, no voy a esperar a que lo sentencie un tribunal para apartarlo de la Policía Nacional Civil (PNC)”, comentó el ministro.

Sin embargo, la legislación guatemalteca dicta otras normas. La destitución de un trabajador del Estado debe ser validada por los tribunales laborales cuando la dependencia está emplazada.

En el caso de la Policía, también debe observar lo que dispongan los tribunales disciplinarios internos.

En los últimos dos años han sido despedidos 763 agentes de la PNC, y los tribunales han ordenado la reinstalación de 53, aunque falta esperar los casos que aún no han sido resueltos por los jueces.

Hasta ahora están pendientes mil 500 despidos de agentes de la PNC cuyos casos están entrampados por la incapacidad de los tribunales disciplinarios para resolver tantos expedientes.

Para Hugo Colindres, director adjunto de la PNC, se debe seguir el proceso administrativo, ya que los despidos masivos tienen muchos riesgos.

Mientras los cambios llegan, Vielmann tiene claro lo que va a hacer: “Legalmente, tengo que reinstalarlos y pagarles sus sueldos caídos, pero esta gente estará en una sala, sin hacer nada, mientras continúe en la institución”.

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Procesos engorrosos

Roberto Molina, procurador general de la Nación, apuesta por nueva legislación para depurar instituciones.

¿Con qué opciones cuentan?

Lo que hemos platicado es que hay que respetar los procedimientos, pues si los reglamentos no se cumplen, la PGN tiene que actuar cuando los despedidos acuden a los tribunales.

¿Pero las instituciones se quejan de que los procedimientos son tardados?

Es algo real. Los procedimientos son largos, y la depuración de las instituciones es urgente.

¿Hay posibilidades de hacerlos más ágiles?

Podría haber una legislación especial para los empleados públicos, sin violar el derecho a defensa.

¿Por qué el Derecho Laboral dificulta la depuración?

El Derecho Laboral es, en esencia, tutelar, pero no tiene en cuenta que hay empleados públicos que son delincuentes.