Conflictos por posesión de tierra
“Deben verse como problemas sociales”
Por: Leslie Pérez

La dirigencia campesina afirma que en los conflictos por tierras confluyen la lucha contra el despojo de las propiedades a los indígenas y las demandas de tipo laboral, por lo que exigen que estos procesos sean despenalizados y desjudicializados.

Daniel Pascual, coordinador del Comité de Unidad Campesina, pide que los conflictos de tierras sean resueltos por la vía civil, y no penal, y que esta situación comience a verse como un problema social, no sólo legal.

¿Desde cuándo vienen los conflictos de tierras?

En 1871, con la reforma liberal, le arrebataron las tierras a los pueblos indígenas. En la década de 1944 a 1954 hubo leyes más justas. Luego, con el conflicto armado surgió una estrategia del Ejército y terratenientes para apoderarse de la tierra de manera anómala.

¿Dónde están los mayores problemas?

En la costa atlántica, porque las concesiones otorgadas a empresas internacionales ya han caducado y ahora aparecen particulares como propietarios.

¿Cuántos casos hay así?

Tenemos identificadas 10 fincas, una de ellas, de 260 caballerías, que cubre una parte de El Estor y de Livingston. Está ocupada por unas 16 comunidades, que representan casi 10 mil familias.

Se sabe que militares han cambiado registros para que aparezcan a nombre de ellos, y luego piden los desalojos. Las otras tierras están en Morales, Los Amates, Entre Ríos e Izabal, donde hemos ubicado fincas nacionales.

¿Por qué se producen los conflictos?

El problema agrario tiene varias líneas. Hay cuatro mil solicitudes de compra de fincas en el Fondo de Tierras. Por certeza jurídica, existen 40 mil expedientes, y los otros conflictos son por falta de pago de prestaciones laborales y despidos injustificados, por lo que las comunidades han decidido ocupar las tierras.

Pero eso es ilegal.

Para nosotros son ocupaciones, y no invasiones, porque es algo del pueblo que le pertenece a la Nación, para su alimentación y desarrollo.

Pero es una invasión.

Si se ocupa una finca privada es porque han violentado los derechos de los trabajadores. O como en el caso de la finca Nueva Linda, ahí la demanda es de justicia.

¿No son medidas que riñen contra la ley?

Lo han puesto de esta forma. Hace dos años la usurpación fue tipificada como un delito agravado, y fue a solicitud de los terratenientes.

Este delito siempre ha existido...

Insisto, los conflictos deben verse como problemas sociales.

Ello no justifica las acciones ilegales.

La Constitución reconoce el derecho a la manifestación sin restricción. El derecho a la alimentación ha sido violado porque los terratenientes no pagan salarios justos y obstaculizan la demanda de tierra.

¿Cuántos conflictos son por problemas laborales?

Gran parte. Otra es por demanda de tierras nacionales. A ello hay que sumar las tierras comunitarias. Son procesos que deben ser despenalizados y desjudicializados. Esperamos que los tribunales agrarios sirvan al menos para eso.

¿Hay usurpaciones actualmente?

Según la Secretaría de Asuntos Agrarios, hay 1070 conflictos sobre la propiedad. Problemas de certeza jurídica habrá unos 200 procesos, así como 150 casos de órdenes de desalojo y captura.

¿Qué sucede con las instituciones encargadas de solventar esta situación?

No hay coherencia del Gobierno en ubicar en línea a las instituciones relacionadas con el tema agrario. Cada quién hace lo que quiere.

¿Qué exigen?

Compromisos serios por parte del Estado, y una calendarización, porque se ofrece la entrega de fincas, pero sólo queda en eso.

¿Ustedes piden que se lleven por la vía civil?

Tienen que ir por la vía civil, porque no es que hasta hoy haya habido alguna ocupación. Las personas tienen años de vivir ahí.

Dirigente popular: Líder campesino

Daniel Pascual ha sido dirigente campesino desde la década de 1980.

Es coordinador del Comité de Unidad Campesina (CUC).

También es miembro del Consejo Político de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), desde 1997.

Ha dirigido varias demandas de tierras, entre ellas, las de San Antonio Sinaché, en Sacualpa, Quiché.

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Urge titulación de la propiedad

“La tierra en sí no genera riqueza”

El presidente de la Cámara del Agro afirma que la solución para los problemas de la pobreza de los campesinos no es a través de otorgarles fincas, ya que más del 70 por ciento de la tierra en Guatemala no tiene vocación agrícola, sino forestal.

Carlos Zúñiga Fumagalli, presidente de la Cámara del Agro, señala que la falta de un estado de Derecho es lo que permite que continúen los conflictos por la tenencia de la tierra.

¿Desde cuándo empiezan los conflictos?

Cualquier problema con la propiedad de la tierra se considera un conflicto agrario. Además, la imagen que proyectan es del rico poderoso que tiene toda la tierra del país y el pobre explotado que carece de ella.

¿Los campesinos señalan a los terratenientes?

Ya no podemos vivir del pasado. Tenemos que ver hacia el futuro, y la única manera es que nos pongamos de acuerdo.

Ellos afirman que les han arrebatado sus tierras.

Se han repartido más de tres millones de hectáreas de tierras desde 1960, pero el problema es que no se tituló o hay gente que, por herencia, tiene sus tierras, pero no existe prueba de propiedad.

Urge la certeza jurídica.

Sí, porque su única riqueza es un pedazo de tierra que a veces no tiene vocación agrícola, pero que no pueden vender porque no tienen un título. Tampoco pueden usarla para obtener un crédito.

Se habla de anomalías en la obtención de las fincas.

El tema es estado de Derecho. Si no existen esas reglas, nos vamos a matar o a apedrear todos. Y no es que falte la normativa, lo que no existen son instituciones que la hagan cumplir.

¿Y qué hay de los casos de corrupción en la compra de estos terrenos?

En el Fondo de Tierras se han repartido más de 200 fincas desde que fue creado. De esas, por lo menos el 50 por ciento han sido abandonadas. En otros casos han vendido fincas sobrevaluadas, pero en el consejo del Fondo de Tierras hay dos representantes de nosotros, y la gran mayoría son de los campesinos. Entonces ha habido aval de cosas incorrectas.

¿Cómo han tratado estos conflictos en la Cámara del Agro?

Recurrimos a los tribunales. En el caso de usurpación o invasión de una propiedad privada, la autoridad debería de desalojar inmediatamente, y no esperar orden de juez. Es como que se metan desconocidos en su casa.

Ellos justifican las ocupaciones porque no hay justicia.

Nadie puede garantizar que no hay injusticia, pero llamo a estas organizaciones a que unamos esfuerzos y exijamos a las instituciones a que cumplan y hagan cumplir la ley.

El CUC plantea que los conflictos se tomen de manera social, y no penal.

Hay gente que vive de la conflictividad y necesita que haya invasiones, violencia y mártires para recibir su financiamiento. Mucha gente, incluso, actúa de buena fe y paga, porque le ofrecen parcelas. Hay gente que vive de esto.

Es un país con extrema pobreza, y una de las necesidades es la tierra.

No es una necesidad primordial. En Guatemala el 70 por ciento de la tierra no tiene vocación agrícola, sino forestal, que, por su naturaleza, requiere de economías de escala, o sea de áreas grandes. La gente continúa sembrando maíz y frijol, que son cultivos de subsistencia, y si vemos en la historia del país, ello ha generado más pobreza.

La solución no es otorgar tierra, entonces.

Si se le da un terreno a quien no tiene vocación, va a sembrar maíz y va a morirse de hambre. La tierra en sí no genera riqueza, es un medio de producción que requiere de capital, de trabajo, de conocimientos. Es un elemento más en una cadena para ser eficiente en la producción.

¿Qué propuestas de solución habría?

Combatir la extrema pobreza y la pobreza y buscar un ingreso más equitativo para todos los guatemaltecos. Tener una vida digna no es un tema netamente agrario. Eso requiere una política de desarrollo rural.

Empresario: Representante del sector agrario

Carlos Zúñiga Fumagalli ha trabajado en la industria agroquímica desde hace 20 años.

Es presidente de la Cámara del Agro.

Es propietario de la empresa Promoagro, S. A., que fundó hace 13 años, y se dedica a la venta de agroquímicos.

Afirma que ha trabajado de manera directa con pequeños agricultores.

Impulsa un proyecto de reinserción de pandilleros.

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Lucha por poseer la tierra

La principal demanda de la dirigencia campesina es que el Gobierno no sólo agilice, sino que legalice la entrega de tierras.

08-02-2006: Diálogo

El CUC, la SAA y la Cámara del Agro iniciaron un acercamiento, junto con autoridades de justicia, para analizar un código agrario y un código procesal agrario.

03-02-2006: Acuerdo

La SAA y la CNOC definieron un cronograma para la solución de 53 conflictos de tierras en fincas de Suchitepéquez, Guatemala, Escuintla, Izabal y Alta Verapaz.

02-02-2006: Desalojo

Más de 150 personas fueron desalojadas de terrenos de Ferrocarriles de Guatemala, en Escuintla, luego de que 25 familias instalaran sus covachas allí.

25-01-2006: Huelga

El CUC protestó frente a la Plaza de la Constitución para que el Gobierno atienda sus demandas de tierras. Realizó una huelga durante 10 días en el lugar.

21-01-2006: Tensión

Resurge tensión en finca Nueva Linda. Guardianes dispararon contra campesinos que intentaban invadirla. El 31 de agosto de 2004 hubo un enfrentamiento.