Casetas del Preventivo, en la mira
Fueron requisados por Policía Nacional Civil
Por: Coralia Orantes

Investigadores, en las afueras del Centro Preventivo de la zona 18, requisaron las casetas que se ubican en los alrededores, el viernes recién pasado. Foto Prensa Libre: Esbin García.

Investigaciones del Sistema Penitenciario y del Ministerio de Gobernación han determinado que las casetas que se encuentran en las afueras del Centro Preventivo de la zona 18 son un foco de corrupción, por lo que buscan su pronto desalojo.

La función de las casetas, según las autoridades, radica en guardar celulares, drogas y armas, productos que supuestamente son ingresados por la noche en contubernio con algunos guardias del Sistema Penitenciario de dicho penal.

“Hemos buscado que éstos negocios desaparezcan, pues tenemos indicios de que es allí donde se genera la corrupción, primero guardando ciertos productos que luego son ingresados al penal”, declaró Carlos Vielman, ministro de Gobernación.

El viernes recién pasado, cuando se realizó una requisa en el Preventivo para contrarrestar las extorsiones vía telefónica que se efectúan desde ese lugar, agentes también registraron las ventas.

Diez casetas fueron requisadas y se decomisaron cédulas y licencias de conducir, de los cuales los vendedores no pudieron decir a quién pertenecían.

Fuentes del Sistema Penitenciario explicaron que el alcance de la investigación realizada les permitió conocer el modo de operar no sólo de algunos vendedores, sino también de personas que se hacen pasar por abogados y estafan a los reos.

Desde el año pasado, Gobernación ha gestionado el desalojo de los 21 negocios ubicados en los alrededores del Hospital Federico Mora, Preventivo para Mujeres y el Preventivo para Varones, pero hasta el momento 12 procesos que se ventilan por la vía civil no han permitido que se lleve a cabo. Incluso los contratos de arrendamiento ya se vencieron.

Finanzas administra terreno

Los 21 comercios que se ubican en la finca 98 mil 966 folio 82 del libro 1275 de Guatemala son propiedad del Estado y administrados por el Ministerio de Finanzas Públicas a través del área de Patrimonio del Estado.

El 22 de diciembre de 2003, esa cartera inició un proceso de regularización con los vendedores, con la finalidad de que se pudiera realizar un contrato de arrendamiento de dicha área.

Después de una negociación se acordó alquilarles por el término de un año, con la salvedad de que en el momento que el Estado lo necesitara, se les pedirían los espacios.

“En 2005, teniendo conocimiento de que el Ministerio de Gobernación quería sanear el aérea, se les notificó que por necesidad del Estado dichos contratos ya no serían prorrogados, pero ellos apelaron la decisión”, explicó el Viceministerio de Finanzas.

Los contratos vencieron en abril, mayo y junio de 2005. En los reportes de Finanzas se indica que los arrendatarios pagaban de Q150 a Q300 mensuales, cuota que ya no cancelaron cuando se rescindió el acuerdo.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) también inició gestiones para el desahucio, debido a que están ocupando esas áreas en forma ilegal.

En espera de desalojo

Roberto Molina, procurador General de la Nación, explicó que están a la espera de que los juzgados resuelvan la problemática y así proceder al desalojo.

“Todos los procesos llevan fases diferentes, pero en algunos casos hemos tenido dificultad para notificar a los arrendatarios, y en otros se ha atrasado por los recursos interpuestos por la defensa”, señaló Molina.

Rosa Vela, representante de los vendedores, argumentó que si las autoridades han encontrado hechos ilegales supuestamente cometidos por ellos, deberían denunciarlos y presentar las pruebas para que se abra investigación seria y formal.

“Le aseguro que nosotros nos podemos ir de aquí, pero eso no hará que desaparezca la corrupción que se da en dicho lugar, antes de fijarse en nosotros deberían ver lo que hacen sus guardias, en eso deben preocuparse”, añadió Vela.

Requisas: Siempre hay productos

No importa la cantidad de requisas que se realicen en el Preventivo, pues siempre localizan productos prohibidos dentro de la prisión, afirmó uno de los encargados de casetas.

“Que no nos culpen a nosotros, que investiguen a los guardias”, manifestó. El viernes recién pasado, agentes decomisaron en el penal tarjetas y chips para teléfonos celulares.

Abogados cómplices

La medida tomada por el Sistema Penitenciario de todo abogado que ingresa a los penales también debe someterse a una revisión, se produjo después de que una investigación descubrió que algunos de ellos contribuyen con el ingreso de productos a prisión.

Fuentes del Sistema Penitenciario explican que a algunos de ellos se les localizó dentro de sus portafolios celulares, armas y droga, y por ello no están de acuerdo con la medidas de seguridad adoptadas.

Otro de los problemas es que un grupo como de ocho supuestos abogados está al acecho esperando algún reo, luego les ofrecen servicios que después no brindarán, como presentarse a las primeras declaraciones.