Suroccidente bajo despliegue militar
Estrategia: Invertirán Q3 millones cada mes en despliegue de 400 soldados
Por: Martín Rodríguez P., Lorena Seijo

De acuerdo con Alejandro Rodríguez, la colaboración del Ejército en temas de seguridad no es efectiva, como lo demuestra el aumento de los índices delincuenciales. Foto Prensa Libre: Archivo.

A partir de esta semana, 400 soldados serán desplegados en el suroccidente, para combatir al crimen organizado, en una nueva estrategia que prevé reducir el trasiego de drogas en la frontera y para lo cual usarán medios terrestres, aéreos y marítimos.

“En la parte de la costa hay acciones del crimen organizado. Con una presencia muy fuerte esperamos minimizar los trasiegos (de drogas y armas)”, anunció Francisco Bermúdez, ministro de la Defensa, durante una cita con la bancada del Partido Patriota.

El militar expresó que la operación será más complicada que la destrucción de pistas en la Laguna del Tigre, Petén, por la forma como está dividida la tierra en la costa.

El Ministerio Público (MP) tendrá que efectuar la investigación, junto a Gobernación, para después determinar qué pistas son para uso clandestino, afirmó Bermúdez. Aunque el ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, dijo que desconocía la propuesta de Defensa.

La operación empezará en Coatepeque, Quetzaltenango, y estará enfocada en la zona fronteriza de San Marcos. En el puerto de Ocós instalarán un apostadero naval que llegará hasta la frontera de Tecún Umán.

El plan es resguardar carreteras, para minimizar los trasiegos. Desplegarán vehículos terrestres, un helicóptero y estarán presentes en las aguas marítimas y fluviales.

Inversión

Esa fuerza de tarea gastará Q3 millones cada mes en combustible, traslado y alimentos. Jorge Ortega, vocero del Ejército, informó de que los fondos “en este momento son responsabilidad del Ministerio de la Defensa”, y no tienen programadas peticiones de transferencias presupuestarias.

Cuando el Ejército inició con los patrullajes combinados con la Policía Nacional Civil (PNC), esgrimió el mismo argumento, pero después solicitó más fondos al Ministerio de Finanzas, expresaron fuentes de derechos humanos.

Raquíticos contra el narco

Durante los primeros seis meses del 2006, los decomisos de cocaína han sido escasos. Durante el gobierno de Alfonso Portillo, EE.UU. demandaba 10 mil kilos de cocaína incautados al año para que el país pudiera ser certificado.

Casi la mitad de la cocaína que se produce en Colombia y es trasladada a Estados Unidos pasa por Guatemala.

Informes del 2005 del Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA) dan cuenta de que los carteles que operan en el país cambiaron de método y la mayor parte de lo que ingresan es por la vía marítima, por el Océano Pacífico.

Louise Albour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recomendó en el informe sobre su visita a Guatemala que el Ejército deje de intervenir en las políticas de seguridad y se limite a la defensa de las fronteras.

“Hay remilitarización”

Las organizaciones civiles subrayan que hay remilitarización de la seguridad, lo que implica un retroceso en la democratización del país. “Los acuerdos de paz señalan que es imprescindible estructurar una fuerza de seguridad totalmente civil, para fomentar que la lucha contra la delincuencia se haga en el marco del debido proceso”, resaltó Alejandro Rodríguez, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales.

De acuerdo con Rodríguez, la colaboración del Ejército en temas de seguridad no es efectiva, como lo demuestra el aumento de los índices delincuenciales.

“Yo creo que la debilidad política del gobierno es lo que le ha obligado a tener que concertar con los sectores militares las cuotas de poder. La falta de liderazgo civil dentro de la Gana es lo que genera el retorno a políticas autoritarias”, sentenció Rodríguez.

Lo que más critica la Instancia de Monitoreo y Apoyo de Seguridad Pública (Imasp) es la falta de una política de seguridad clara y definida.

“No hacen más que crearse fuerzas sin definir su papel”, dijo Verónica Godoy, de Imasp.

Además, apuntó que los militares no tienen respaldo legal para actuar, por lo que los casos de crimen organizado se les van a caer. “Habría que tener mucho cuidado en el tema de los recursos, pues puede que se estén desviando fondos”, alertó.

Pedro Trujillo, analista militar, consideró que el “Ejército tiene la capacidad operativa para actuar contra el crimen organizado, pero carece de mandato legal”. Por lo tanto tendría que actuar con la PNC. Ana María de Klein, de Madres Angustiadas, dijo que le parece más preocupante que trasladen fondos al Ministerio de Defensa, mientras Gobernación sigue sin el presupuesto necesario.

Gobernación: Sin información

El ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, dijo desconocer la iniciativa de Defensa en cuanto a crear un grupo de lucha contra el crimen organizado. “Nosotros no tenemos información al respecto ni nos han pedido que colaboremos”, afirmó.

Para el funcionario, la lucha contra el crimen organizado la encabeza Gobernación, y si el Ejército quiere colaborar, que se “dedique a vigilar las trazas marítimas y aéreas del narcotráfico”.

Defensa: Política coordinada

Según el ministro de la Defensa, Francisco Bermúdez, quien anunció ayer la creación de este grupo, “se busca trabajar de forma coordinada con el Ministerio Público y el de Gobernación, para que ésta sea una política integral”, como parte de la colaboración del Ejército con el restablecimiento de la seguridad.