Queja por negación de justicia tramita la CIDH
Familiares de desaparecidos accionan contra el Estado
Por: Lorena Seijo

Los denunciantes demandan al Estado por denegación de justicia y desaparición forzada. Este último no prescribe.

Tras siete años de espera sin resultado alguno luego de que el MP investigara la desaparición forzada de 183 guatemaltecos, los familiares de las víctimas tramitan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda contra el Estado, por habérseles vetado su “derecho a la justicia”.

“Yo creo firmemente que mis ojos verán cómo se condena a los culpables, porque he dedicado mi vida a luchar por ello y confío en que la lucha de mis hijos sea otra”, afirmó ayer Wendy Méndez, quien a los 9 años de edad vio cómo torturaban a su madre y se la llevaban de su casa.

En 1999, Estados Unidos dio a conocer un informe de inteligencia militar guatemalteca en el que se relataban los secuestros, torturas y ejecuciones de 183 personas en la época de los 80, entre éstos la madre de Méndez y familiares de otras 19 personas que ahora demandan al Estado en la CIDH por denegación de justicia en el país.

El informe revelado en ese entonces llevó a familiares de las víctimas a presentar denuncia en el Ministerio Público (MP), pero nunca hubo respuesta, afirmaron ayer en conferencia de prensa.

“Nosotros creíamos que habría justicia, pero cuando fui a preguntar al fiscal general de ese entonces cómo iba el proceso, ni siquiera se habían molestado en asignarle fiscal”, recordó Jordán Rodas, hermano del desaparecido Joaquín Rodas.

La CIDH recibió la demanda en noviembre de 2005 y la aceptó para su trámite, el cual incluyó dar audiencia al Estado guatemalteco, que poco pudo decir de lo realizado: se pidieron informes a la Superintendencia de Administración Tributaria y a la Municipalidad central para verificar la desaparición de las personas.

El problema es que los informes se solicitaron a la municipalidad central, y la mayoría de desaparecidos nació en la provincia, dijo la Fundación Myrna Mack, que asesora a los denunciantes.

La fiscal de Delitos contra los Derechos Humanos, Rosa María Salazar, dijo ayer que sí se han practicado diligencias, “aunque no me acuerdo en este momento cuáles son”.

Los denunciantes demandan al Estado por denegación de justicia y desaparición forzada. Este último no prescribe.

Embajadores apoyan

Estuvieron presentes en el acto los embajadores Estela Ugon, de Uruguay, y Aníbal Gutiérrez, de Argentina, quienes entregaron flores a los familiares de las víctimas, en apoyo a su petición de justicia.

“La única forma de encarar el futuro es con la verdad y la justicia sobre el pasado”, dijo Gutiérrez, quien contó que en Argentina fue el Gobierno el que abanderó la petición de justicia, lo que evitó confrontación social.

Informe: Relato de la desaparición

La denuncia en la CIDH se basa en:

El Diario Militar que se hizo público en 1999, cuando el Departamento de Estado de EE.UU. decidió sacarlo a la luz.

En este informe se relataba el secuestro, tortura y desaparición de 183 guatemaltecos, de 1983 a 1985, y la violación de una menor.

Se pudo documentar otros seis mil 149 casos más de desaparición forzada.

En ningún caso se ha llevado un proceso judicial, lo que ameritó que familiares de los desaparecidos acudieran a la CIDH, con sede en Washington, que la otra semana sesionará en el país.