ESTADO, EMPRESA Y SOCIEDAD
Inspección a los Ingresos del Estado
Por: José Alejandro Arévalo Alburez

OPINIÓN

El segundo de los ocho ejes del Pacto Fiscal firmado el 25 de mayo del 2000 se refiere a los Ingresos del Estado por medio de una serie de principios y compromisos.

El Pacto Fiscal, basado en la Constitución Política y una consecuencia de los acuerdos de paz, debe ser visto como un proceso de largo plazo, el cual define las grandes líneas de acción, los principios rectores y los mecanismos de participación social; es decir, marca la dirección a seguir, en la cual se debe regir la política fiscal con visión de nación.

De acuerdo con los firmantes del Pacto, los Ingresos del Estado deben sustentarse en siete principios: (1) El poder tributario es inherente e inseparable al Estado; (2) Lograr la suficiencia de recursos; (3) Reconocer la prioridad de los ingresos tributarios del Estado; (4) Conseguir la asignación eficiente de recursos; (5) Procurar la progresividad global de los ingresos; (6) Mantener la estabilidad y certeza jurídica; y, (7) Conseguir la simplicidad del sistema tributario.

Poder tributario

El poder tributario es la facultad del Estado de exigir tributos a personas que se encuentran en su jurisdicción y tiene fundamento en la soberanía del Estado. Los principios constitucionales que limitan el poder tributario del Estado establecen las directrices para la legislación y la administración pública.

Las 130 organizaciones suscriptoras del Pacto se comprometieron a que la sociedad y los organismos estatales debían promover la legitimidad del Estado en el ejercicio del poder tributario.

Para ello, tanto el Estado como las organizaciones sociales deberían realizar acciones para elevar la conciencia ciudadana sobre la importancia del cumplimiento de las funciones básicas del Estado, del derecho del Estado a establecer tributos y de la obligación ciudadana de contribuir al financiamiento de los gasto públicos.

El hecho económico que justifica la tributación es la necesidad de obtener recursos suficientes para el financiamiento sostenible del gasto público, para que el Estado pueda cumplir con las funciones establecidas en la Constitución Política de la República.

El Pacto propone que los recursos tributarios debieran constituir por lo menos el 85 por ciento de los ingresos del Estado, en consonancia con el acuerdo constitucional de la sociedad sobre las funciones del Estado. En este orden de ideas se mantiene la aspiración de alcanzar una carga tributaria del 12 por ciento sobre el Producto Interno Bruto (PIB).

Sin privilegios

Para lograr una asignación más eficiente de los recursos tributarios debe evitarse, en lo posible, el otorgamiento de privilegios, exenciones y exoneraciones fiscales y evitar el seguir erosionando los ingresos del Estado.

Los suscriptores del Pacto decidieron que el sistema tributario deberá tender a ser globalmente progresivo; es decir, que la carga tributaria promedio, como relación de ingresos tributarios netos respecto del PIB corriente, debería aumentar en la medida en que el ingreso de los contribuyentes sea mayor, pero procurando que el sistema tributario responda pasivamente al crecimiento económico.

La estabilidad de las reglas tributarias reduce los riesgos de cambios imprevistos o arbitrarios, con lo que aumenta la confianza y efectividad del sistema.

Finalmente, se propuso que debería transformarse el complejo y engorroso sistema tributario actual por un sistema más sencillo y simple que facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

En resumen, el Pacto Fiscal establece los lineamientos, principios y compromisos para efectuar un cambio profundo en el régimen tributario nacional. La clave es cumplirlo.