COLECTIVO MADRESELVA
Extraordinarios sucesos
Los magistrados de la CC tienen que atenerse al espíritu de nuestra Constitución
Por: Magalí Rey Rosa.

Extraordinarios sucesos en esta Semana de la resistencia a la minería metálica en Mesoamérica celebrada para hacer visible la resistencia de muchos pueblos y comunidades de los países mesoamericanos ante la embestida de las transnacionales mineras de metales.

La vertiginosa caída de más de US$100 en los precios de la onza de oro. El gélido trato de los personeros de Montana hacia los representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos que fueron a verificar una denuncia de contaminación a la mina Marlin, a quienes ¡ni siquiera les permitieron tomar muestras de agua!

En Guatemala, el miércoles 14, la sorpresa del señor embajador de Canadá, Kenneth Cook, ante las quejas de los representantes de comunidades que se sienten negativamente afectadas por proyectos mineros canadienses; su departamento de información lo tiene bastante desinformado al respecto.

La presencia las fuerzas de seguridad que ¡seguramente! cuidaban a las y los guatemaltecos que viajaron desde sus comunidades para transmitir su preocupación al señor embajador de Canadá.

La inusual presencia de fuerzas armadas oficiales en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos.

Seguramente, llegaron para velar por la seguridad de las y los invitados nacionales e internacionales a participar de la gran fiesta pacífica para conmemorar la consulta pacífica de vecinos de Sipacapa de hace un año.

Lo más notable fue el rumor que corrió el miércoles mismo: dicen que Roberto Molina Barreto, magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), preparó —antes de salir del país— una ponencia para declarar procedente el amparo presentado por Montana para invalidar la consulta de Sipacapa; y luego ¡lo extraordinario! se inhibió de participar porque él ya había emitido su opinión en contra de las consultas como procurador general de la Nación y como presidente del Cedecon.

Molina Barreto fue el designado a la CC por el presidente Berger y con esto salda la deuda. Pero la única forma digna de “pagarle” al presidente sería cumplir con la ley, pues no hay persona ni interés superior a la Constitución ni a los tratados en materia de derechos humanos.

Con su ponencia, Molina Barreto traiciona los intereses de los pueblos y comunidades guatemaltecos, riñe con el espíritu de la Constitución y compromete seriamente la independencia de poderes.

Confiamos en el presidente de la CC, Alejandro Maldonado, quien aseguró que los nuevos magistrados recuperarían la honorabilidad y el espíritu constitucional de la CC. Si se logra ¡eso sí que sería extraordinario para Guatemala!