Propiedades de narcos en áreas protegidas
Traficantes usan a campesinos para invadir territorios en Petén - Trascienden resoluciones ilegales para legalizar fincas
Por: Carlos Menocal , Leslie Pérez

La finca a nombre de Ladislao Virula Santos está ubicada en la parte sur del Parque Nacional Laguna del Tigre. Foto Prensa Libre: Adolfo Mejía.

En el Parque Nacional Laguna del Tigre, Petén, se marcaron los linderos de cuatro fincas con una extensión de 346 caballerías que fueron usurpadas y registradas con documentos falsos. Las grandes extensiones pertenecen a sospechosos de cometer acciones de tráfico de drogas e indocumentados.

El objetivo de inscribir estos inmuebles, según líderes comunitarios de la región, es tener espacios abiertos en medio de la selva para trasegar droga y “chigüilos” (indocumentados, como les llaman en esa región).

Los dueños son Arnoldo Casasola Sosa, Aurelio Ernan Marroquín Duarte, Ladislao Virula Santos y Waldemar Lorenzana, padre de Waldemar Lorenzana Cordón, estos últimos tres son investigados por autoridades antinarcóticas por presuntos vínculos con el trasiego de estupefacientes.

Las fincas, de millones de metros cuadrados, están inscritas en el Registro de la Propiedad, a pesar de que donde se ubican en la zona núcleo de la Biosfera Maya y que la ley prohíbe asentamientos humanos, producción agrícola y ganadería en ese lugar.

Riqueza natural

Prensa Libre hizo un recorrido por la región y estableció que son resguardadas por hombres armados con fusiles. Ellos son la ley en ese territorio de caminos de terracería, donde únicamente se puede ingresar con autos de doble tracción.

En los alrededores hay pobladores que provienen de Zacapa, Chiquimula y Sayaxché, Petén, quienes exigen la legalización de las parcelas que han invadido.

Según el ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, éstas son avanzadas de los narcos. El vicepresidente Eduardo Stein asegura que se trata de apropiaciones de terrenos para cometer acciones al margen de la ley.

“Este es un caso, pero también sabemos que el crimen organizado obliga a propietarios de inmuebles de Zacapa, Jutiapa, Izabal y Petén a vender sus terrenos, en especial los colindantes con las fronteras y que tienen conexiones con ríos. La droga ahora viene por agua, pues el Ejército destruyó sus pistas”, afirma el vicemandatario.

Laguna del Tigre se convirtió en el santuario de los narcos, quienes construyeron pistas de aterrizaje al norte de Petén, para recibir cargamentos de cocaína provenientes de Colombia.

Su estrategia ha cambiado. Esta vez los inmuebles tienen bosques vírgenes, lagunas y humedales que en verano se secan y se convierten en grandes extensiones de terreno propicias para el aterrizaje de avionetas.

Prensa Libre observó que han llevado ganado y que ya se inició la depredación y quema controlada de árboles. Se trata de propiedades privadas arrebatadas a la nación.

Los arroyos y ríos que pasan por las fincas conectan al río San Pedro. Esta corriente atraviesa el Parque Nacional Laguna del Tigre, y divide a éste del Parque Nacional Sierra del Lacandón, otra región donde opera el narcotráfico, y desemboca en la comunidad Argentina, México, catalogada por las autoridades de ese país como colaboradora de los narcos.

Falsas resoluciones

Tres de las grandes fincas fueron inscritas con resoluciones y documentos falsos, supuestamente del Fondo Nacional de Tierras (Fontierras), y uno más sin respaldo alguno, pero con la presunta colaboración de un empleado de esta entidad.

Las fincas de Casasola, Marroquín y Virula fueron registradas porque aparentemente Fontierras los favoreció. Sin embargo, un documento de esa entidad extendido a este diario comprueba que ninguna de estas personas ha sido beneficiada.

Casasola registró 96 caballerías (43 millones 97 mil 600 metros cuadrados); Marroquín, 120 caballerías (53 millones 760 mil de metros cuadrados), y Virula, 11 caballerías (4 millones 928 mil de metros cuadrados).

El caso de Lorenzana es distinto. Un empleado del Registro de la Propiedad habría usado el registro electrónico de una finca real para inscribir otro inmueble, inexistente, a su nombre.

Ahora es dueño de 119 caballerías (53 millones 312 mil metros cuadrados) en Petén.

La finca fue vendida después a Marta Julia Lorenzana Cordón, quien se identifica con cédula R-19 4568, extendida en Huité, Zacapa, pero el documento también es falso.

El Juzgado de Primera Instancia Penal conoce la causa 2041-06, en la cual las autoridades del Registro de la Propiedad acusan al operador Luis Felipe Camey, integrante del sindicato de esa entidad, de haber cometido esa acción ilícita.

Camey se defiende diciendo que su clave de trabajo fue utilizada por otra persona. “Se trata de una venganza porque soy del sindicato”, reclama.

Pero el empleado público tiene otros antecedentes. Curiosamente su clave también fue usada para inscribir otras cuatro propiedades entre marzo y abril de 2005, esta vez en la laguna Guayacán, El Ceibo, Sierra del Lacandón, áreas protegidas de Petén.

Las propiedades miden millones de metros cuadrados y están a nombre de personas de quienes no se logró establecer si tienen vínculos con el narcotráfico.

La registradora de la Propiedad, Arabella Castro, descarta que se trate de una mafia dentro de esa dependencia, aunque reconoce que ésta no es capaz de investigar los más de mil 300 documentos que ingresan a diario.

El gobernador de Petén, Manuel Barquín, afirma que la tierra puede ser recuperada. “Los actos mediante los cuales esta gente logró la titulación y el registro son ilegítimos”, insiste.

Inacción oficial

La Procuraduría General de la Nación no ha actuado, pese a que, según Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social, tiene conocimiento de este hecho. “Hay una total inacción desde octubre”, dice.

Mario Gordillo, procurador general de la Nación, dijo el martes pasado a este diario que tenía conocimiento extraoficial del caso.

El viernes, la PGN pidió al Registro de la Propiedad que inmovilizara las cinco fincas y anunció que entre hoy y mañana iniciaría acciones ante un juzgado civil para pedir la anulación y recuperar las tierras del Estado.

Mientras tanto, las propiedades siguen a nombre de estas personas, incluso la finca de Marroquín fue hipotecada el 12 de junio recién pasado por Q50 mil.

Virula ha sido respaldado por un tribunal de Amparo de Petén, que ordenó al Consejo Nacional de Áreas Protegidas abstenerse de cualquier acción que lo amenace o restrinja en sus derechos de propiedad y libre locomoción.

Según Vielmann, la situación es difícil. “En Petén hay problemas de narcotráfico y de madera, de indocumentados y robo de patrimonio”, asegura.

El vocero del Ejército, Jorge Ortega, reconoce que la institución sabe de las intenciones de comprar tierras en esa región. Las fincas tienen rótulos en donde se lee “propiedad privada”, y los campesinos locales se quejan de ser presionados por narcotraficantes.

Pero pese a las condiciones humildes de las viviendas apostadas alrededor de los inmuebles, en ellas se observan picops de doble tracción y motocicletas.

Prensa Libre intentó conocer la versión de los beneficiados, pero no fue posible. Al pedir cita con Lorenzana, en su residencia dijeron que no se encontraba.

Estas propiedades se suman a la de Byron Berganza, procesado en Estados Unidos por narcotráfico, ubicada en la zona de usos múltiples, en las cercanías del biotopo El Zotz, Petén.

También son terrenos usurpados, apropiados ilegalmente y resguardados por la comunidad del Cruce Dos Aguadas.