PUNTO DE ENCUENTRO
TLC: más brujerías
A partir de esta semana, Radio U (92. 1) vuelve a acompañarles con su programación regular.
Por: Marielos Monzón

El jueves de la semana pasada 32 organizaciones sociales representadas por los abogados Augusto Willemsem, Ramón Cadena y Alfonso Bauer Paiz, todos de reconocida trayectoria, acudieron a evacuar la audiencia fijada por la Corte de Constitucionalidad (CC) respecto de la acción planteada contra el TLC.

Algunos de los argumentos más importantes que fueron planteados ese día en la Corte son los siguientes: a. La zona de libre comercio para Guatemala incluye el espacio terrestre, marítimo y aéreo, para EE.UU. excluye el espacio marítimo y aéreo; b. La zona de libre comercio restringe los derechos laborales de las y los trabajadores ya que disminuye los reconocidos a su favor en la Constitución; c. Tal y como está concebido el TLC promoverá monopolios y privilegios, afectará la economía nacional, la producción en uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria.

Según el artículo 4 constitucional las situaciones distintas que existen entre Guatemala y EE.UU. en el sector agrícola, debieron merecer un trato desigual, conforme sus diferencias; d. Se violan los artículos 93, 94 y 95 de la Constitución referentes al derecho a la salud, porque el TLC acepta el libre comercio como valor supremo, por encima de la vida humana, limitando el acceso a medicinas baratas y otorgando beneficios a los productos farmacéuticos, prohibiendo el uso de medicamentos genéricos; e. La falta del referendo consultivo previsto en el artículo 173 de la Constitución en un caso como el del TLC, que lo hace absolutamente indispensable, es vicio de inconstitucionalidad en el procedimiento de adopción del mismo; f. EEUU podrá descertificar a Guatemala y demás países del istmo, sin que haya reciprocidad; g. La zona de libre comercio creada en el TLC hará más grande la brecha entre ricos y pobres, produciendo más hambruna tal y como lo estableció el Sr. Jean Ziegler, relator de la ONU para el Derecho a la Alimentación.

La seriedad e importancia de los argumentos esgrimidos en esta inconstitucionalidad obliga a que con claridad y amplitud se conozcan las respuestas a las afirmaciones de los juristas y sus representados.

La Corte tiene en sus manos la oportunidad para exigirle al Ejecutivo la información que desvirtúe o confirme los planteamientos allí contenidos. El ministro de Economía no pudo responder las inquietudes que le fueron planteadas en la interpelación sobre el TLC; el Ejecutivo no envió a sus funcionarios a la vista pública y el delegado del MP basó la defensa del Tratado en la afirmación que los argumentos planteados son políticos y no jurídicos. Un acuerdo de esta naturaleza y con este impacto merece más inteligencia, claridad absoluta y certeza sobre su apego a la Constitución Política de la República.