Noé Oliveros acepta cargos
Piden tres años de cárcel contra dueño de farmacias José Gil
Por: Coralia Orantes

Noé Oliveros, dueño de las farmacias José Gil, enfrenta dos procesos: uno por expendio de medicina falsificada y otro por la supuesta fabricación de drogas de diseño. (Foto PL: Emerson Díaz).

Noé Oliveros, dueño de las farmacias José Gil, aceptó ayer los cargos que el Ministerio Público (MP) le imputa por violación de derechos a la propiedad intelectual, envenenamiento y expendio de medicinas falsificadas.

En la audiencia de apertura a juicio en el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, Oliveros avaló un juicio por procedimiento abreviado, porque aceptó la acusación que se le hizo.

Esos juicios son cortos y permiten que en poco tiempo se tenga una sentencia.

En noviembre del año recién pasado, el Ministerio de Salud efectuó una inspección en tres farmacias José Gil, localizadas en la zona 1, la calzada Roosevelt y la zona 18, y encontró medicamentos pediátricos y antibióticos falsos.

Las muestras de esta medicina fueron enviadas al Departamento Científico del MP, donde se confirmó ese extremo.

El ente investigador solicitó ayer que a Oliveros se le dicte prisión de tres años y se le imponga una multa de Q150 mil.

Milton Miranda, abogado defensor de Oliveros, comentó que la declaración de su cliente no puede ser usada en su contra, pero que aceptaron los hechos con la finalidad de agilizar el trámite.

“Para que el proceso sea más ágil y para cumplir con el procedimiento de criterio de oportunidad es que se aceptaron los cargos, pero nuestra petición es que se clausure el proceso”, explicó Miranda.

Para este día, el Juzgado Noveno tiene programado resolver la situación jurídica de Oliveros.

Otro proceso

En el Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal aún está pendiente que se resuelva si Oliveros enfrentará juicio por su presunta participación en la fabricación de drogas de diseño.

En diciembre del 2005 fueron allanados los laboratorios José Gil e incautados 17 kilos de pseudoefedrina.

En su defensa, Oliveros argumentó que empleados de su empresa abusaron de su poder y adquirieron esa sustancia.