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Regulación de procesos de adopción
Entre Bienestar Social y Procuraduría General de la Nación
La Secretaría de Bienestar Social y la Procuraduría General de la Nación (PGN) se disputan la posibilidad de ser el ente que regulará los procesos de adopción de menores de edad en Guatemala, en caso el Organismo Legislativo apruebe la ley respectiva.
El Gobierno estudia cuál de las dos entidades es la idónea para autorizar las adopciones y que deberá definirse en la ley que está pendiente de aprobación en el Congreso.
Secretaría de la Familia
La Secretaría de Bienestar Social es la institución encargada de la protección de los niños y adolescentes, pero fue creada mediante acuerdo gubernativo y no por ley, lo que supondría un impedimento para asumir esta función.
Wendy de Berger, esposa del presidente de la República, señaló que considera que esa Secretaría debe encargarse de los trámites, ya que cuenta con personal especializado en materia de adopciones.
La propuesta que hizo De Berger es fusionar la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep) y la de Bienestar Social, para crear la Secretaría de la Familia, que se haría cargo de todo lo relacionado con la niñez, pero debería ser aprobada por el Congreso.
De este modo, Bienestar Social podría hacer los diagnósticos, aunque la decisión sea respaldada por la Procuraduría.
Promueven a la PGN
Josefina Arellano, encargada de la Sección de la Niñez, de la PGN, aseguró que esta institución sería la indicada para controlar las adopciones, porque es la que da el visto bueno para los trámites que efectúan los notarios directamente con las familias involucradas.
Nidia Aguilar, encargada de la Defensoría de la Niñez, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, expresó que espera que la polémica por la designación del ente rector no vaya a ser un obstáculo para la aprobación de la Ley de Adopciones.
Destacó la importancia del paso que ha dado el Organismo Ejecutivo al anunciar que ratificará el Convenio de La Haya, e insistió en que más allá de debates políticos, debe prevalecer el beneficio de los niños.
Ente rector
La ley de adopciones, en proceso de aprobación, exige la designación de un ente rector.
Hasta ahora, la Procuraduría General de la Nación tiene la responsabilidad.
El Gobierno estudia que la Secretaría de Bienestar Social asuma esa función, pero tendría impedimento por haber sido creada por acuerdo gubernativo.
Proponen que esa dependencia se fusione con la Sosep, y se constituya la Secretaría de la Familia.
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