Desalojan a invasores de Sierra del Lacandón
Abandonan Arroyo Macabilero, Petén, antes de ser expulsados
Por: Olga López

Mujeres y niños lloran al saber que deberán abandonar sus viviendas y regresar a sus lugares de origen. Foto Prensa Libre: Mynor De León.

Las medidas que las autoridades adoptaron para recuperar las áreas protegidas empezaron ayer a dar resultados, con el desalojo pacífico de 400 invasores de un sector de Arroyo Macabilero, ubicado en el Parque Nacional Sierra del Lacandón, en la Biosfera Maya, Petén. También fue destruida una pista de aterrizaje usada por el narcotráfico.

La acción policial se inició a las 9 horas con el sobrevuelo de dos aviones de combate y cinco helicópteros, los cuales efectuaron un reconocimiento del lugar, que fue invadido tres años atrás.

Esa primera actividad provocó temor en los campesinos, quienes salieron de sus viviendas y se escondieron entre los matorrales.

En ese momento esperaban la orden de acción en tierra unas 700 personas, entre policías, soldados, fiscales del Ministerio Público (MP), delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), ambientalistas y autoridades locales.

El juez Carlos Pinelo informó con un altavoz que llevaban una orden de desalojo, pues los asentados estaban invadiendo un área protegida, y que no habría problema si abandonaban el lugar de manera pacífica.

La advertencia funcionó; los campesinos salieron de sus escondites y regresaron a sus viviendas para recoger sus pertenencias.

Las mujeres y los niños fueron trasladados, en helicópteros de la Fuerza Aérea Guatemalteca, a la comunidad de Bethel, para organizar el retorno a sus lugares de procedencia.

El miedo se observó en los rostros de los niños cuando los soldados y agentes los subían al helicóptero; algunos lloraron y otros hacían gestos de rechazo, cuando eran cargados por los militares.

Los hombres viajaron en lancha durante cuatro horas para reunirse con sus familias.

Juan Salazar relató que él llegó de Chiquimulilla, pues le habían ofrecido una parcela con mensualidades de Q50. Algunos emigraron de La Libertad, Petén; Cobán, Alta Verapaz; y Chiquimulilla.

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que solicitó el desalojo, organizó el regreso de esas personas hacia sus comunidades de origen.

Golpe al narcotráfico

Aparte de recuperar el área protegida, las autoridades ven en el desalojo un golpe al narcotráfico y crimen organizado.

“Esta área era estratégica para el trasiego de drogas, armas y contrabando, pues está a cuatro kilómetros de la frontera con México”, informó Pedro Noriega, comandante de la base militar de Petén.

Henry López, subdirector de la seguridad pública de la Policía, expresó que la comunidad protegía a narcotraficantes, pues ocultaba equipo de navegación y proporcionaba mantenimiento a una pista clandestina, situada a tres kilómetros del lugar del desalojo.

Por ello, ingenieros del Ejército trabajaron ayer para destruir con explosivos ese aeródromo.

Las autoridades sostienen que La Sierra del Lacandón se ha convertido en una zona de incursión de narcos, y han usado los asentamientos humanos como escudos. Los invasores también han causado incendios, saqueo de las reservas naturales e influyen en el avance de la frontera agrícola.

El nerviosismo por lo que ocurriría originó que Ana Vides Castañeda diera a luz a su sexto hijo.

“No sé qué haré, pues no tengo a dónde ir y mi rancho era mi único patrimonio”, expresó Vides.

Otras mujeres expresaron que el operativo causó temor, pues les hizo recordar el conflicto armado.

“Los niños se asustaron al escuchar los aviones pasar sobre nuestras casas”, relató Mariela González, madre de tres niños.

Henkel Castellanos, delegado de la PDH, aseguró que el desalojo se efectúo respetando los derechos de las personas.

Agregó que primero se evacuó a las mujeres y los niños, y por último, a los hombres.

El fiscal Noé López Palacios informó que localizaron un rifle y municiones en una de las 80 casas.

La Policía creía que en ese lugar se escondía droga y armas ofensivas, pero no las localizaron.

“Presumimos que por el aviso (previo al desalojo), las armas y la droga fueron trasladadas a otro lugar”, afirmó López Palacios.

La percepción de las autoridades no estaba lejos de lo cierto, pues algunos aldeanos reconocieron que tenían conocimiento de la expulsión, por las noticias que escucharon en la radio anteayer.

Los campesinos denunciaron a las autoridades que Juan Ipiña les vendió el terreno donde tenían asentados sus ranchos.

López Palacios expresó que Ipiña tiene orden de captura por los delitos de lesiones y secuestro de un agente de la División de Protección a la Naturaleza (Diprona) y a un oficial del Ejército, ocurrido el 13 y 14 de junio último.

Las autoridades indicaron que se envió un mensaje a los invasores de áreas protegidas, y que tienen en la mira el asentamiento que se ubica a cinco kilómetros de Arroyo Macabilero. Luego recuperarán áreas protegidas de la Laguna del Tigre.

A los campesinos se les proporcionaron alimentos antes de comenzar el retorno.

Otras invasiones

El Gobierno también busca recuperar otros terrenos invadidos en el área protegida del Parque Nacional Laguna del Tigre, Petén.

Los invasores han atacado a guardarrecursos y son utilizados por el narcotráfico para cuidar sus territorios e intimidar a las autoridades.

En ese parque se han detectado pistas de aterrizaje clandestinas y también 11 fincas que fueron adquiridas y registradas con documentos falsos de supuestos narcos.

Algunas de las propiedades están registradas a nombre de Arnoldo Casasola Sosa, Aurelio Ernán Marroquín Duarte, Ladislao Virula Santos, Waldemar Lorenzana y su hijo Waldemar Lorenzana Cordón; los tres últimos son investigados por las autoridades, por supuestos nexos con el tráfico de estupefacientes.

El Juzgado Octavo de Instancia Civil y la Corte de Constitucionalidad suspendieron en forma provisional la inscripción de las fincas en el Registro General de la Propiedad.

El Ministerio Público (MP) aseguró que tiene evidencias para ligar a proceso a supuestos dueños de fincas.

El MP solicitó a los tribunales la captura de Luis Felipe Camey, ex empleado del Registro de la Propiedad, por la inscripción de fincas de manera ilegal.